CiU y PP relajan el control sobre las fundaciones en pleno ‘caso Palau’

Las prisas para aprobar una ley han motivado una coincidencia cuando menos temporal: el Parlament aprobó este miércoles la relajación de los controles sobre las fundaciones, al tiempo que una de ellas, la Fundación CatDem, vinculada a Convergència, ha sido investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía por recibir 6,5 millones de euros de empresas adjudicatarias con los Gobiernos de Jordi Pujol. El Ejecutivo de Convergència i Unió quiso aprobar los cambios en la regulación de las fundaciones, suscritas en la Ley del Libro Tercero del Código Civil, por vía urgente, lo que comporta que la norma se haya tramitado en la mitad del tiempo habitual

Convergència i Unió y el Partido Popular sumaron sus votos para dar el visto bueno a la ley, ante el unánime rechazo del resto de la oposición. La alianza entre ambos partidos funcionó esta vez para implantar unos cambios que vienen a contrarrestar la ley que en 2008 impulsó el Gobierno tripartito. Si el Partit dels Socialistes, Esquerra e Iniciativa per Catalunya modificaron el Libro Tercero del Código Civil para imponer más control a las fundaciones, CiU y el PP deshicieron parte de los cambios para relajarlo y reducir la transparencia de estas entidades. Entre otras modificaciones, se reduce el importe inicial para crear una nueva fundación, se suprime la incompatibilidad entre ser patrón de la fundación y tener relaciones empresariales con ella, y se limita el control de su funcionamiento a una declaración responsable del mismo patrono.

En las operaciones económicas, la ley sustituye el régimen de autorización obligatoria que imperaba hasta ahora por una “declaración responsable” del patronato. Para vender patrimonio inmobiliario, por ejemplo, bastará con que los patronos se responsabilicen por escrito de que la operación es correcta y beneficiosa para la fundación.

La ley permite a los patronos de las fundaciones hacer negocios con ellas

La oposición cree que perder la tutela de los funcionarios públicos puede dar lugar a abusos e irregularidades. La Generalitat defiende la medida con el argumento contrario. “Antes se traspasaba la responsabilidad a funcionarios; ahora obligamos a los patronos a asumirla”, explica el director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat, Santiago Ballester.

"Es políticamente incorrecto y sospechoso", denunció Milà (ICV)

Las fundaciones, argumenta Ballester, han pedido que se agilicen los procesos. “Las operaciones no podían cerrarse hasta que el patronato daba el visto bueno. Así se perdían ventas interesantes, porque el comprador no esperaba”, añade. Ballester tampoco le ve problema a otro de los cambios capitales del proyecto de CiU: la posibilidad de que los patronos puedan beneficiarse de contratos con sus fundaciones.

La ley de 2008 impedía a los patronos cobrar por prestar servicios a la fundación y así evitar que estas se usasen con ánimo de lucro. El nuevo texto elimina esa prohibición y apenas fija una serie de condiciones de contratación. “En ningún caso podrá haber más patronos que trabajen que patronos que no trabajen en la misma fundación”, matiza el director general.

La ley también da marcha atrás en el capital mínimo para poner en marcha una fundación, que pasa de 60.000 a los 30.000 euros. El tripartito había aumentado la cifra para evitar la creación de avisperos de pequeñas fundaciones que sirviesen solo para beneficiar fiscalmente a sus impulsores. El Gobierno considera que de esa forma se fomenta la creación de fundaciones, que son un “actor destacado” para impulsar la economía.

La oposición no tragó con el argumentario de CiU y el PP, que valoraron el cambio en la ley por la agilización que supone. “Es políticamente incorrecto y sospechoso”, denunció el ecosocialista Salvador Milà. De “retorno al pasado” lo tachó la socialista Agnès Pradell. Pere Aragonès, de ERC, puso el dedo en la llaga: “Con esta ley, desgraciadamente, el caso Palau sería más fácil”, y concluyó: “Ejemplos como el de las cajas de ahorro, el 'caso Palau', la fundación del hospital de Sant Pau... evidencian que los intereses particulares han pasado por intereses fundacionales”.