La batalla por la mayoría sindical dificulta negociar los recortes

Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han actuado como tabla de salvación de los socialistas en la pasada legislatura. Ambas centrales fueron las que apoyaron al Gobierno andaluz cuando, sin consenso, propuso un plan de reordenación del sector público al que se opusieron todos los sindicatos corporativos. Fueron también estos dos sindicatos los que permitieron al PSOE volver a la calle y participar en las manifestaciones convocadas por las centrales contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno central del PP.

UGT y CC OO fueron dos agentes electorales muy activos en favor de las fuerzas de izquierdas en la pasada campaña electoral frente al empuje de la derecha. Pero hasta aquí han llegado. El recorte de 2.700 millones de euros del Presupuesto en vigor, para cumplir con el objetivo de estabilidad, no va a contar con el aplauso de los sindicatos, sobre todo, en aquellas partidas que afectan al bolsillo de los empleados públicos de la Junta.

Los sindicatos son conscientes de que esta minoración del Presupuesto viene impuesta por Madrid y por Bruselas, también que la Junta intenta hacer un esfuerzo para no despedir a trabajadores públicos, pero no están dispuestos a llegar a ningún acuerdo que salve la cara al Gobierno andaluz.

En el fondo de este debate se vislumbra una lucha entre las centrales por la hegemonía sindical. A UGT y CC OO les costó caro, en cuanto a su representatividad, su apoyo al decreto de reordenación del sector público, como se demostró en las elecciones sindicales de hace un año. CC OO y UGT fueron superadas por Safja en la elección de delegados de la Administración general de la Junta. “La realidad sindical en Andalucía hace imposible que haya un acuerdo”, admiten fuentes del Gobierno andaluz.

En este contexto, hay que enmarcar la respuesta negativa de los líderes de UGT, Manuel Pastrana, y de CC OO, Francisco Carbonero, a la invitación de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, a participar en una reunión en la Mesa General de la Función Pública. De acudir, ambos líderes dejarían en muy mal lugar a sus representantes y no están dispuestos a participar en esta operación. “No estaré en ninguna reunión” en la Mesa de la Función Pública, dijo Pastrana, quien, no obstante, sí se mostró abierto a hablar del plan de ajuste, pero en otro foro.

Los sindicatos mantienen que no existe una propuesta de negociación por parte de la Junta. La solución podría venir de la mano de Izquierda Unida, socio de coalición del PSOE. La formación que lidera Diego Valderas está convencida de que hasta el día 19, fecha en la que se aprobará el decreto ley, se pueden introducir mejoras en el plan de ajuste y que también en el trámite parlamentario de la norma hay margen para introducir correcciones.

IU calcula que se pueden variar las partidas de recorte que afectan a los gastos de personal en unos 40 millones de euros de los 777 millones previstos. Su propuesta es sacar este dinero de más rebajas en las partidas de bienes corrientes y servicios, y de las transferencias corrientes. El sueldo de los mileuristas lo consideran intocable, a lo que está abierto el PSOE, al tiempo que proponen que en el decreto ley figure por escrito una “cláusula de reversibilidad” en la que la Administración se comprometa a reponer los derechos de los trabajadores conforme la situación económica vaya mejorando. También pretende que la reducción en un 15% del salario de los interinos sea más bajo.

“Por difícil que sea, lo vamos a intentar”, fue la respuesta de Aguayo en el Parlamento.