La sindicatura se niega a entregar el ‘informe Crespo’ y se encara con ICV

La Sindicatura de Cuentas e ICV han entrado en guerra abierta por el informe Crespo, la auditoría que revelaba graves irregularidades en la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, y que el pleno de este organismo decidió archivar en 2006. Ante la insistencia de ICV para acceder al informe, Jaume Amat, síndico mayor, se refugia en el reglamento interno para negárselo. Amat sostiene que el informe Crespo “nunca ha existido” ya que, al no haber sido aprobado por el pleno del organismo, la investigación hecha por sus auditores no tiene valor “a efectos de auditoría”. La sindicatura amenazó incluso con denunciar a quien haga uso del informe Crespo fuera de “los cauces habituales”.

En esta escalada de tensión, el diputado Joan Boada anunció que pedirá la comparecencia de Amat en el Parlament, y el síndico mayor pidió “amparo” a la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, para exigir el “debido respeto” al organismo.

La Sindicatura de Cuentas —que archivó el informe con el único voto en contra del síndico propuesto por ICV, Agustí Colom— asegura en una carta remitida a De Gispert que el derecho de los diputados a acceder a la información de la sindicatura —que depende del Parlament— no es “absoluto ni ilimitado”, sino que está condicionado por el reglamento interno del organismo fiscalizador de las Administraciones catalanas.

“Se están vulnerando derechos básicos de los parlamentarios”, dicen en ICV

La auditoría revelaba un reguero de pagos irregulares por 1,3 millones de euros, pérdidas patrimoniales y en ingresos de 2,7 millones para los hospitales de Blanes de Calella, y que el diputado de CiU Xavier Crespo cobró un sueldo opaco de la sanidad pública mientras era alcalde de Lloret de Mar. Todo ello ocurrió entre 2000 y 2005 en la empresa pública filial de la corporación, Centros Médicos Selva Maresme (CMSM).

Pese a que EL PAÍS publicó el pasado miércoles el informe Crespo —que puede ser consultado en la edición digital de este diario—, la sindicatura insiste en que el contenido de los trabajos de fiscalización son siempre “reservados” hasta que la Mesa del Parlament ordene su publicación. Como el informe “no pasó los trámites” establecidos, Amat asegura que la sindicatura no tiene la obligación de facilitarlo. Esta decisión supone anteponer el reglamento interno del organismo al derecho a la información de los diputados.

ICV, por su parte, insiste en que sea la sindicatura la que formalmente se lo facilite, ya que pretende presentarlo al Tribunal de Cuentas, que juzgó y absolvió a Xavier Crespo en 2010 sin tener conocimiento de las irregularidades cometidas en CMSM porque la sindicatura y la Generalitat se las ocultaron. El secretario general de ICV, Joan Herrera, calificó ayer de “intolerable” que se les niegue un informe que “está colgado en Internet”. La formación exige poder ver todo el expediente del caso, que incluiría también un informe inicial de la Intervención de la Generalitat y cualquier documento relacionado. “Esperemos que la sindicatura no los haya destruido”, dijo Herrera. En una carta remitida a Amat, la formación ecosocialista sostiene que “se están vulnerando los derechos básicos de acceso a la información de los parlamentarios”.

Amat antepone el reglamento interno al acceso a la información de los diputados

ERC se ha sumado también a esta petición. “Tenemos derecho a saber y a tener conocimiento de las causas que motivaron la investigación. No nos pueden negar el acceso al expediente”, aseguró la diputada Carme Capdevila.

El enroque de la sindicatura llevó a Amat a anunciar que denunciará “ante los órganos competentes” cualquier uso de la información elaborada por la sindicatura que no se haga “dentro de los cauces establecidos”. “La sindicatura solo se pronuncia mediante sus informes, una vez aprobados por el pleno. Estos informes tienen todas las garantías avaladas por la documentación de trabajo y las comprobaciones hechas para apoyar la auditoría realizada”, dice la carta. El síndico mayor argumentó que en su día enviaron el informe inicial de la Intervención al Tribunal de Cuentas y que este acabó archivando el caso. Pero el tribunal se limitó a juzgar la posible incompatibilidad de Xavier Crespo, que cobró dos sueldos mientras era alcalde con dedicación exclusiva, y nunca evaluó el cúmulo de irregularidades detectadas.

Amat ha solicitado a Núria de Gispert “amparo institucional para exigir el debido respeto que se merece por parte de los miembros de la Cámara” y para que se “vele por su honorabilidad”. El síndico mayor defiende en la carta la independencia del organismo, después de que trascendiese que Jordi Turull, diputado de CiU, presionó a la sindicatura cuando la investigación sobre CMSM aún estaba en marcha.

El diputado ecosocialista Joan Boada anunció que su partido pedirá la comparecencia de Amat en el Parlament y dijo que ICV “no acepta amenazas de la sindicatura”. Boada defendió que los diputados tienen derecho a ver los expedientes elaborados por el organismo fiscalizador y afirmó que en el pasado los diputados de distintos partidos han consultado diversos expedientes sin problema. Boada rechazó los argumentos del síndico mayor y apuntó que, en todo caso, será el Tribunal de Cuentas el que evalúe si la auditoría “es o no válida”.