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Cinco nuevos detenidos por el fraude de las ayudas a la cooperación

Se trata de pequeños empresarios, y al menos una de las detenciones se ha producido en Alzira. Declarado el secreto de sumario para el material incautado en anteriores registros

La juez que investiga el saqueo de las subvenciones de cooperación para el desarrollo de países del tercer mundo otorgadas por la Generalitat ha ordenado una nueva oleada de detenciones. Nieves Molina, magistrada titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que ya ha imputado a 22 personas en un fraude de al menos seis millones de euros, sigue practicando nuevas diligencias, que esta mañana se han sustanciado con la detención, según fuentes policiales, de cinco personas. Los nuevos registros no afectan a dependencias oficiales y ninguno de los detenidos son cargos públicos, según fuentes judiciales.

Al menos una de las detenciones se ha producido en Alzira, localidad de donde son originarios el principal implicado en la causa, Augusto César Tauroni, el único de los hasta ahora imputados que permanece en prisión, y el exconsejero Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Blasco dirigía la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía cuando supuestamente se produjo el desvío de dinero a la trama. Y, según las intervenciones telefónicas, mantenía una buena relación, a base de llamadas de teléfono y citas, con el propio Tauroni.

La causa se abrió a finales de abril de 2011 a partir de una denuncia de la fiscalía, a su vez motivada por las denuncias de dos diputadas, Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís. Sin embargo, las investigaciones previas se mantuvieron en secreto durante casi un año. Y solo vieron la luz el 23 de febrero pasado, cuando Molina ordenó una oleada de detenciones y de registros en dependencias oficiales de la antigua Consejería de Solidaridad y Territorio (ahora integrada en Justicia) y sedes de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones implicadas en la trama.

Aquel día se ordenó la detención de 17 personas, pero tres de ellas se encontraban en el extranjero. De los 14 detenidos, solo uno, el empresario Tauroni, ingresó en prisión comunicada y sin fianza, aunque los otros 13 fueron imputados en la causa. En las siguientes semanas, tras nuevas tomas de declaraciones a testigos, la juez elevó el número de imputados a 22.

Precisamente la juez acaba de decretar el secreto de sumario extraordinario para una pieza separada de la causa. Ninguna de las partes, salvo la fiscalía, tiene acceso a esta parte. Según fuentes del caso, la pieza separada se corresponde con la documentación y el material informático incautado en los registros practicados el día 23 de febrero.

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