Informaciones inquietantes

Las informaciones de prensa sobre el caso Crespo, admitidas incluso como fuente fidedigna por el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, son inquietantes. Estudiado el informe nonato de la Sindicatura de Cuentas, dos cuestiones sobresalen. Por un lado, la intervención de médicos-ediles, de varios municipios y partidos, en la contratación de servicios con una entidad pública delegada de servicios públicos sanitarios. Estos médicos-concejales contrataron, administraron y/o se (auto)contrataron a ellos, a familiares y a colegas, cedieron fondos de clientes y traspasaron locales. Todo ello al margen de las reglas sobre incompatibilidades y sin que se convocara concurso público. Por su parte, la sociedad receptora, que se nutría de fondos públicos, podría estar en situación de insolvencia y la documentación aportada por la misma, que lo ha sido en muy pequeña medida, ha resultado incompleta y, en todo caso, muchas operaciones presentan incidencias fiscales y con la Seguridad Social.

En un segundo lugar, ante lo que parecía una situación financiera insostenible, la entidad gestora de esos servicios vende a su gerente-médico-regidor y al resto de médicos-munícipes, familiares y colegas los locales y equipos médicos. El desequilibrio patrimonial supera los 200.000 euros; todo ello sin contar con otros apuntes de diversas índole y huérfanos de justificación formal y material. Como colofón, solo se transmitió al Tribunal de Cuentas una pequeña parte del expediente.

Este relato de hechos suscita otras dos cuestiones. La primera: la resolución del Tribunal de Cuentas lo es solo a efectos de la jurisdicción contable; no impide el paso a la penal ni a la disciplinaria. La segunda es que, si lo que apunta el nonato informe aconteció, habría base para abrir diligencias penales por presuntos delitos de malversación de caudales públicos que, por no haber prescrito aún, arrastrarían otros presuntos delitos societarios, de fraude público y/o de negociaciones prohibidas a funcionarios. Habría que explicar las contrataciones de médicos-regidores para la transferencia de sus consultorios privados al consorcio, con forma de sociedad, incluidos locales, instrumental y fondo de clientes, para luego, tras su administración de hecho de los servicios, recomprarlo a un precio beneficioso para ellos y perjudicial para las arcas públicas; todo ello sin concurso público.

El segundo punto se centra en el trámite del expediente en la sindicatura, expediente proveniente de la Intervención de la Consejería de Finanzas, que no veía las cosas claras. Si realmente las actuaciones de verificación se archivaron sin seguir los pasos legales, pudiera acaso hablarse de ocultación de documentos, una nueva eventual infracción penal. Una vez más, se pone de manifiesto que los mecanismos de control tienen dificultad para desplegar sus efectos preventivos: nos enteramos del fiasco a toro pasado y tras dejarse algunos las uñas escarbando en las rocas.