El fiscal acusa a Carretero de prevaricación y pide que sea inhabilitado

La fiscalía ha pedido que el exconsejero de Gobernación de la Generalitat con Esquerra Republicana y líder de Reagrupament, Joan Carretero, sea condenado a nueve años de inhabilitación para empleo y cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa. El ministerio público concluye que Carretero modificó un plan urbanístico cuando era alcalde de Puigcerdà (Cerdanya) para ampliar los usos comerciales de unas parcelas a sabiendas de que la normativa le impedía hacerlo.

Los hechos se remontan a 2000, cuando un área de Puigcerdà conocida como la Closa de l’Àngel se declaró sector de urbanización prioritaria. El plan urbanístico admitía diversos usos: comercial, sanitario, deportivo y residencial. En ningún caso se autorizó la construcción de grandes centros comerciales, lo que para un municipio de menos de 10.000 habitantes, recoge el escrito de la fiscalía, supone una superficie de venta superior a 800 metros cuadrados.

La empresa Gesdip, SA, propietaria de los establecimientos Bonpreu, poseía una parcela de 3.000 metros cuadrados en esa zona. En 2002, la empresa planteó una iniciativa para modificar los usos y autorizar la construcción de un restaurante y una gasolinera. La empresa y el Consistorio firmaron un convenio por el que Gesdip se comprometía a abonar 240.400 euros para construir unos ascensores públicos en la localidad. A cambio, y con “pleno conocimiento de su prohibición”, Carretero se comprometió a permitir la construcción de un gran centro comercial y la gasolinera, además de conceder las licencias necesarias.

La modificación del plan, en efecto, se aprobó en 2003 y Carretero concedió las licencias necesarias “sin haber solicitado ni disponer” del informe vinculante de la Comisión Territorial de Urbanismo. El exalcalde “tampoco expuso públicamente en ningún momento el convenio con la mercantil”.