Una conjura para tapar a Xavier Crespo

El caso Crespo estaba condenado a ser enterrado desde antes que se conocieran en toda su amplitud las graves irregularidades cometidas en la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM), filial de la corporación que gestiona los hospitales de Blanes y Calella. Con las primeras investigaciones apenas iniciadas, en 2005, las partes implicadas empezaron actuar de forma que lograron evitar que Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar y diputado de CiU, asumiera responsabilidades por unos hechos que causaron pérdidas millonarias a la Corporación de Salud del Maresme y la Selva —2,4 millones en ingresos y 277.000 euros en patrimonio— y supusieron el uso irregular de al menos 1,3 millones de fondos públicos, según la investigación de los auditores de la Sindicatura de Cuentas.

Los grandes beneficiados de las irregularidades fueron un grupo de médicos, gestores y concejales. Entre ellos el propio Crespo, gerente de CMSM durante 40 meses, y su esposa, Guadalupe Oliva Pujol, también médico. El matrimonio recibió en cinco años pagos irregulares por 209.000 euros, según los auditores; también Carme Aragonès, concejal del PSC en Pineda de Mar y consejera delegada durante dos años; Xavier Rius Moya, médico y concejal de CiU en Santa Susanna, y el resto de gestores y médicos que formaron parte del CMSM.

Todas las irregularidades constan detalladas en un informe de 70 páginas, resumen del trabajo de los auditores tras bucear en nóminas, hojas de contabilidad, facturas, cuentas bancarias y demás documentación de CMSM. La empresa, nacida como instrumento para entrar en el negocio de la atención médica a turistas, acabó siendo liquidada tras malvender sus consultorios a quienes habían sido sus directivos.

El informe no vio nunca la luz. CiU, la propia corporación, el Ayuntamiento de Lloret y el Departamento de Salud del tripartito actuaron de forma que los sucesivos órganos de control a los que llegó el caso lo archivaran. La Sindicatura de Cuentas lo hizo en 2006 pese a los graves hechos conocidos por sus auditores; el Tribunal de Cuentas, en 2010, sin que llegara a tener noticia alguna de ellos. Ayuntamiento de Lloret, corporación y Generalitat actuaron ante él en favor de los intereses de Xavier Crespo.

El catedrático de Derecho Penal Joan Queralt, tras un primer análisis de la auditoría que ayer publicó la edición digital de EL PAÍS, considera que pueden desprenderse “al menos” los delitos de malversación de fondos públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y delitos societarios.

Salud ayudó a la

Jordi Turull, diputado de CiU, fue el ariete que efectuó las primeras maniobras sobre el caso Crespo a finales de 2005, con la auditoría aún en marcha. Turull, tras conocer que la Intervención de la Generalitat había detectado las primeras irregularidades en CMSM, que estas habían sido remitidas a la Sindicatura de Cuentas y que este organismo había puesto en marcha la auditoría, se reunió con el interventor general, Josep Maria Portabella, para “conocer al detalle el informe” de la Intervención. Poco después, en diciembre de 2005, presentó en el Parlament una batería de preguntas al síndico mayor, entonces Joan Colom. Inquirió por qué se estaba investigando a CMSM, el alcance de la investigación, los nombres de los síndicos que habían votado a favor de encargar la auditoría, si la sindicatura se había “extralimitado” y, en caso afirmativo, “de quién era la responsabilidad”.

Fue tal la agresividad de las preguntas de Turull que Joan Colom tuvo que defender el papel de la sindicatura. Turull se ha manifestado en los últimos días con contundencia para defender a Crespo y atacar a ICV, que había pedido que se hiciera pública la auditoría publicada ayer por este diario. La pasada semana aseguró que era partidario de que el documento se hiciera público, pero para que ICV pidiera “perdón” a Crespo. Turull declinó ayer hablar con este diario.

Nueve meses después de las preguntas de Turull, el pleno de la sindicatura estudió el proyecto de informe, dirigido por Agustí Colom, síndico encargado del área sanitaria. El pleno podía aprobarlo, remitirlo al Parlament y “ponerlo en conocimiento de los órganos competentes” para aclarar las irregularidades detectadas. No lo hizo.

Los síndicos nombrados a propuesta de CiU, el PSC, ERC y el PP rechazaron el trabajo de Colom, que fue propuesto por ICV, y votaron enterrar la auditoría. Las deliberaciones son secretas, pero en los últimos días ha trascendido que el resto de los síndicos cuestionaron la “calidad” del informe.

Jordi Turull sugirió

Joan Boada, diputado de ICV, criticó ayer la injerencia de CiU en el caso. En su opinión, Turull utilizó las preguntas para “presionar” a la sindicatura mientras la investigación estaba en marcha. “Esa presión obtuvo resultados, ya que todos los síndicos menos el de ICV votaron a favor de archivar el caso”, dijo Boada, pese a que había pruebas de que Crespo había cometido “graves irregularidades”.

La decisión del pleno fue remitir al Tribunal de Cuentas solo las primeras irregularidades halladas por la Intervención. Cuatro años después, el 4 de abril de 2010, se dictó una sentencia que revela que de lo único que tuvo noticia el tribunal fue de la posible incompatibilidad en la que supuestamente había incurrido Crespo al cobrar del Ayuntamiento 3.000 euros mensuales mientras era alcalde y percibía por ello más de 50.000 euros anuales.

En la tramitación de la causa, el único que tuvo intención de examinar las responsabilidades de Crespo fue el fiscal. Las partes supuestamente perjudicadas —la corporación, el Ayuntamiento de Lloret y el Departamento de Salud, dirigido entonces por la socialista Marina Geli— declinaron pedir responsabilidades a Crespo e incluso actuaron en su favor.

Después de que el fiscal presentase una demanda por entender que podía existir “responsabilidad contable” por su doble remuneración, el tribunal instó a las partes a que compareciesen, pero solo lo hizo el Ayuntamiento de Lloret para pedir el archivo de la causa. No prosperó porque el fiscal insistió en ello. El Departamento de Salud, que cuenta con representantes en el consejo rector de la corporación, se abstuvo de personarse.

Según la sentencia, el tribunal puso las actuaciones a disposición de la Generalitat “para que interpusiese, en su caso, la oportuna demanda”. Pero Salud, que financia con alrededor de 100 millones de euros al año a la corporación, no solo se apartó del procedimiento, sino que proporcionó al alcalde de Lloret un informe de control financiero en el que se afirmaba que la dedicación de Crespo a sus actividades como médico no superaba las 15 horas mensuales. Esto ayudó a la abogada de Crespo a afirmar que la dedicación del alcalde de Lloret a la medicina había sido “marginal”. La exconsejera Marina Geli tampoco quiso ayer hacer declaraciones a este diario.

El tribunal no pudo analizar si Crespo recibió remuneraciones indebidas, porque debía limitarse a atender las “pretensiones de las partes”. Y el fiscal se limitó a solicitar que Crespo devolviese los 76.000 euros que cobró del Ayuntamiento entre octubre de 2003 y marzo de 2005 siendo alcalde. Al final acabó exculpado.

El ahora diputado Xavier Crespo y Jordi Turull han insistido en los últimos días en este archivo asegurando que es cosa juzgada, igual que el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, y Marina Geli y Joaquim Nadal, ambos diputados del PSC por Girona, como Crespo. Pero el Tribunal de Cuentas nunca conoció las graves irregularidades cometidas en CMSM. Nadie se las comunicó.