Fracasa el primer intento de trabajar por objetivos en entes de la Xunta

El presidente de la Xunta defiende que los nuevos contratos-programa que impulsa su Gobierno para los entes paralelos de la Administración mejorarán su eficacia al hacer que trabajen por objetivos, que en caso de ser incumplidos darán lugar a sanciones. “Por primera vez hay un indicador de calidad en el sector público”, dijo Feijóo el 19 de enero cuando aprobó el primer contrato, para la Axencia de Infraestruturas, que cinco meses después ya se ha incumplido. Así lo reconoce su ente supervisor, la Consellería de Infraestruturas que dirige Agustín Hernández, que desde el viernes, cuando se alcanzó el denominado “nivel de responsabilidad”, está obligada a apercibir al directivo incumplidor.

La sanción, sin embargo, será simbólica. Solo si acumula tres apercibimientos en tres años consecutivos se contempla la posibilidad, no obligación, de que el directivo responsable sea cesado. Esto es, no atenerse al contrato-programa apenas tiene consecuencias, en contra de lo prometido, lo que limita su eficacia. Pese al fracaso del primero, la Xunta extenderá este tipo de contratos al resto de la Administración.

El primer contrato-programa, el de la agencia que diseña, ejecuta y mantiene las carreteras autonómicas, heredera de la antigua Dirección Xeral de Infraestruturas y el ente paralelo más importante después del Sergas, fija nueve “objetivos prioritarios”. Para tres de ellos (“mejorar el acceso a los núcleos de población”, “mejorar la comunicación de Galicia con su entorno” y “garantizar las condiciones de accesibilidad los 315 municipios gallegos”) el indicador para comprobar su cumplimiento era la “aprobación del Plan Director de Estradas, Plan Move, y remisión al Parlamento de Galicia” en “marzo de 2012”.

La consellería que dirige Hernández admite que aún no ha aprobado ese plan —“es cierto que se llevan varios meses de retraso”— por lo que no ha cumplido tres de los nueve objetivos prioritarios a los que el contrato-programa ponía fecha. Explica que “la crisis económica y los ajustes impuestos en materia presupuestaria obligan a una necesaria reformulación de los plazos y presupuestos del Plan de Estradas” y que trabaja para tenerlo listo “lo antes posible”. Pero la crisis ya existía en enero, cuando firmó el contrato que fijaba para apenas dos meses después la aprobación de un plan que viene elaborando desde hace tres años.

El pasado viernes 1 de junio el retraso con respecto al objetivo de marzo superó los dos meses alcanzando así, según establece el contrato-programa, el “nivel de responsabilidad”. Es el punto, en este caso temporal, a partir del cual el incumplimiento de un indicador del contrato —otros son kilómetros de nuevas vías o euros invertidos— ya pasa factura a los responsables de la agencia. En este caso, al jefe de Área de Planificación y Proyectos, Héctor Presas Veiga, funcionario nombrado a dedo para responsabilidades similares ya en la anterior Dirección Xeral de Infraestruturas.

El contrato-programa establece que “el personal directivo de la agencia estará sujeto a exigencias de responsabilidad por incumplimiento de los objetivos”. Pero esas responsabilidades son limitadas ya que solo “en el supuesto de que durante tres ejercicios consecutivos se produzca el apercibimiento de algún miembro del equipo directivo” se “podrá aprobar su cese”, algo no obligatorio sino potestativo. Esa es la única consecuencia por incumplir un contrato que por otra parte considera alcanzado el objetivo de mejora de las carreteras solo con el hecho de que un plan así lo contemple, no porque efectivamente se haya acometido una obra.

La consellería no aclara si ya ha iniciado el proceso para apercibir al infractor ni valora si el contrato sigue siendo válido. Porque el incumplimiento mencionado no supone solo que no se hayan alcanzado tres de las nueve metas fijadas, el 33%. Al incumplirse más del 30% se considera incumplido todo el contrato-programa.

Hace menos de un mes el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, elogiaba en el Parlamento el modelo de contratos-programa. Pese a que entonces la Xunta ya era consciente del incumplimiento del primero, Rueda reiteraba su intención de extenderlos a otras agencias. Podrían ser la de Industrias Culturais (Agadic), la de Modernización Tecnolóxica o el nuevo Igape, pero la ley que acompañó a los presupuestos de este año contempla la posibilidad de aplicarlos a otro tipo de entes más allá de las agencias.