El fiscal pide que el chófer siga en prisión

La Fiscalía Anticorrupción se opuso este miércoles a que Juan Francisco Trujillo, exchófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, salga en libertad ya que existe riesgo de fuga y no han prescrito los delitos por los que está acusado. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla celebró este miércoles a puerta cerrada la vista para decidir sobre su libertad y tras escuchar a las partes personadas en el caso de los ERE decidirá al respecto en las próximas semanas.

El abogado de Trujillo, Antonio Aguilar, pidió su puesta en libertad al rechazar que haya riesgo de fuga, ya que su cliente admitió diferentes delitos durante su declaración judicial. El exchófer está en prisión desde el pasado 21 de marzo acusado de nada menos que 22 delitos, entre ellos cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias continuados. Este miércoles escuchó a los magistrados y las partes por videoconferencia, pero no quiso intervenir en la vista.

Las acusaciones ejercidas por el PP, la Junta y el sindicato ultraderechista Manos Limpias se adhirieron a Anticorrupción. El PP argumentó que la libertad de Trujillo “puede perjudicar a la investigación al desconocerse hechos nuevos como el que ha puesto de manifiesto el borrador del informe de la Cámara de Cuentas. Este ordenó a Estudio Jurídico Villasís que entregara un pago de 30.000 euros a una empresa del imputado”, apuntó el letrado Luis García Navarro, informó Europa Press.

El letrado Aguilar lamentó que Trujillo ya “ha pasado un tiempo” en la cárcel y la decisión de la Audiencia “quizás deba ser un poco más reposada y no tomada al filo de la madrugada, que no es buena consejera para adoptar algunas decisiones”, dijo en referencia al auto de prisión que redactó la juez Mercedes Alaya la madrugada del 21 de marzo. “Mi defendido se autoinculpó cuando no existía procedimiento”, alegó el letrado.

El fiscal ya pidió a Alaya, que investigara las empresas y cuentas bancarias de Trujillo, a pesar de que la policía y los inspectores de Hacienda realizaron una investigación a cuatro firmas en las que participó el exconductor de Guerrero. A continuación, la fiscalía se quejó porque Alaya decidió no incorporar sus escritos sobre las sociedades de Trujillo. Entre estas firmas destaca la empresa Sapphire, que recibió como ayuda pública por parte de la Consejería de Empleo 30.000 euros.