El juez ordena embargar los bienes del exgerente de la cooperativa de L’Aldea

El juzgado mercantil número 1 de Tarragona ha ordenado el embargo preventivo de los bienes del exgerente de la cooperativa de L'Aldea (Baix Ebre) Daniel Ferré por falta de “activos” en la entidad. La sección de crédito de la cooperativa rozó la quiebra en noviembre del año pasado, bloqueando las cuentas de sus socios. Aún hay cuatro millones de euros bloqueados, sin una fecha exacta establecida para que los impositores puedan cobrarlos, y la cooperativa se encuentra en pleno concurso de acreedores.

El anuncio del embargo de los bienes de Ferré lo ha dado a conocer el administrador concursal de la entidad de L'Aldea, Mariano Hernández, porque “hay hechos que pueden justificar el desvío de fondos”, y por el déficit en la liquidación de las cuentas. Según Hernández, el embargo al exgerente de la cooperativa se realiza para asegurar el “posible pago en caso de que fuera culpable” del desfalco en las cuentas de la cooperativa. De hecho, tanto los socios afectados como la junta rectora de la entidad señalan a Ferré como el responsable de la mala gestión en la sección de crédito.

Los reproches volvieron a materializarse, una vez más, durante la noche del lunes, cuando se celebró una tensa asamblea a la que acudieron 250 socios. Los afectados reclamaron el desbloqueo de sus ahorros. En especial, el principal proveedor de la cooperativa, Javier García, quien reclama una deuda de más de 150.000 euros y lleva acampado desde hace una semana a las puertas de la entidad en señal de protesta por los impagos.

En el transcurso de la reunión debía hacerse efectiva la dimisión de la junta rectora actual, presidida por José Fernando Falcó. La dirección de la entidad debía ser sustituida por una candidatura de socios afectados y encabezada por Jordi Gas. Sin embargo, el traspaso de poderes al final se aplazará hasta que no se presente la auditoría de cuentas de 2011.

La Generalitat ya dio un golpe de timón pocas horas antes de la reunión, afirmando que según la ley de cooperativas, “aunque haya finalizado el periodo por el cual fueron elegidos, los miembros del consejo rector continúan ejerciendo sus cargos provisionalmente hasta que no se produzca una renovación en la siguiente asamblea general”. Además, el Ejecutivo catalán señaló que la dimisión de los cargos “no se puede producir si no hay un nuevo nombramiento” y que, por tanto, “nunca se producirá un vacío de poder”.

Este fue el principal achaque de la futura junta a la aún vigente porque exigen que no se marchen sin aclarar el estado real de la contabilidad de la cooperativa. Según los análisis, el año pasado se declararon beneficios de 40.000 euros en la cooperativa, cuando las pérdidas fueron de alrededor de un millón de euros.