El PSPV condiciona el apoyo a la ley de RTVV a su control democrático

Los socialistas valencianos votarán en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y contra el proyecto de ley presentado por la Generalitat para la corporación si el Consell no se aviene a buscar un “amplio marco para el consenso”, según afirmó ayer su portavoz, Francesc Romeu. En la hipótesis de que el PP haga valer su mayoría en las Cortes para sacar adelante en solitario su proyecto, los socialistas no se limitarán a oponerse. Presentarán un texto completo alternativo que han elaborado con la ayuda de expertos en materia audiovisual y en Derecho.

La propuesta socialista, a la que ha tenido acceso este diario, contempla aumentar el pluralismo en la radio y la televisión públicas valencianas, establecer un 100% de programación en la lengua propia, reforzar los controles sobre la gestión del dinero público, auditar las causas del agujero de 1.300 millones de euros que presenta el ente, y establecer una mayoría de bloqueo para la elección de los miembros del consejo de administración y del director general que fuercen a alcanzar consensos al partido que esté en el poder.

El referente del texto elaborado por los socialistas es la ley de Radio Televisión Española aprobada en la legislatura pasada, que exigía una mayoría de dos tercios en el Congreso para elegir al presidente. El Gobierno cambió, sin embargo, la ley en abril para permitir que el Parlamento pueda escoger al presidente con la mitad más uno de los votos. El PSPV-PSOE quiere recuperar para RTVV el anterior espíritu de esa norma.

El anteproyecto de ley presentado por el Consell prevé que la Generalitat nombre a tres administradores encargados de liquidar el ente debido a su insostenible nivel de deuda. Los socialistas quieren ir más lejos y que esos tres administradores, que pasarían a ser elegidos por las Cortes valencianas por una mayoría de tres quintos, constituidos en un consejo de liquidación, además de dirigir ese proceso tendrían la misión de elaborar un informe “exhaustivo” que analice la gestión anterior y las posibles “acciones o contrataciones regulares o irregulares que han motivado la deuda generada por RTVV”. El informe debería ser entregado al Parlamento autonómico.

El objetivo sería que la nueva ley de RTVV no se convierta en una ley de “amnistía” de lo ocurrido en los últimos años, sino que sirva para conocer aquello que no debe repetirse.

El texto contempla en esa misma línea la prohibición de que los contratos que se firmen en la nueva RTVV contengan cláusulas de confidencialidad, como ha ocurrido hasta ahora, ante quienes tienen que vigilar el funcionamiento de la corporación. La confidencialidad, en concreto, no sería aplicable a los miembros del consejo de administración, de la comisión de control de RTVV y a los del Consejo Audiovisual.

Este último organismo es una de las grandes novedades del texto socialista, porque desarrolla su creación, prevista en el estatuto pero que no ha sido incluida por el Consell en su anteproyecto de ley. Se da la circunstancia de que el texto para la reforma de RTVV elaborado por la Generalitat alude a este consejo a pesar de que todavía no existe. La propuesta del PSPV-PSOE prevé que esté compuesto por cinco miembros elegidos por mayoría cualificada (dos tercios de las Cortes) entre profesionales de reconocido prestigio del sector audiovisual o en ámbitos conexos.

El texto también aboga por una televisión pública hecha al 100% en valenciano —como, según recuerda una fuente, quiere el PP gallego para su televisión autonómica—. De ese modo se fomentaría la lengua y, al mismo tiempo, se potenciaría la producción valenciana, reduciéndose así el impacto del ERE en RTVV, para el que se manejan cifras de 1.200 a 1.400 personas.

El proyecto, en el que han colaborado diversos expertos coordinados por el profesor de Derecho de la Universitat de València José María Vidal, prevé, además de que la elección del director general y el consejo de administración requiera dos tercios de las Cortes, que este último organismo no se limite a aprobar las cuentas, sino que tenga entre sus funciones fiscalizar la gestión de la corporación.

El texto diseña un consejo de administración lo suficientemente amplio como para integrar a todas las fuerzas con representación parlamentaria —el texto del Consell dejaría fuera a EU y quizá también a Compromís—, que se constituiría en junta general del ente, y que estaría más controlado que hoy por las Cortes, donde sus miembros tendrían que comparecer de forma periódica.