El urbanismo de Boadilla, bajo sospecha

Casi todo el urbanismo de Boadilla del Monte está bajo sospecha. En total, la suma de las adjudicaciones de las que podría haberse beneficiado la trama del caso Gürtel podría alcanzar los cien millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha acordado que la empresa municipal del suelo de este municipio madrileño (EMSV) envíe toda la documentación referida a las adjudicaciones de las que fueron beneficiarias tres empresas que aparecen en el sumario de la red corrupta: Teconsa, Ortiz y el Grupo Rafael.

El juez quiere cotejar, entre otros, el expediente municipal de la adjudicación del Auditorio Escuela de Música de Boadillla del Monte. El Ayuntamiento de Boadilla, con el imputado en el caso Arturo González Panero de alcalde, otorgó esta obra, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a la sociedad Ortiz, por un valor de 5,35 millones de euros. Pero el magistrado ha ido un poco más allá al requerir a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado (IGAE) para que emita un informe que determine el grado de cumplimiento de los contratos otorgados a la empresa Tecnologías de la Construcción (Teconsa), por un montante que supera los 25 millones de euros.

La petición de Ruz siembra ahora la sospecha sobre otras adjudicaciones que, hasta el momento, no estaban incluidas en el sumario. Se trata de la construcción de una piscina municipal cubierta en el Polígono de Las Eras, por un importe de 2,94 millones de euros; la adjudicación de dos colegios, uno de primaria y otro de secundaria, por un valor de 3,97 millones de euros; y tres promociones de viviendas de protección pública, de 96, 80 y 57 viviendas cada una, y más del doble de plazas de garaje. Solo esta última, las 57 viviendas, superan los 8 millones de euros. En total, y según estimaciones del caso, Ruz pone el foco en las adjudicaciones de Teconsa y Ortiz, que suponen una inversión superior a los 30 millones de euros procedentes del Consistorio, que entonces gobernaba Arturo González Panero, alias El albondiguilla, con Juan Siguero como número dos. Ambos están imputados en la causa.

Además, y fuera del urbanismo, el magistrado reclama a la empresa municipal del suelo de Boadilla toda la documentación referida a la adjudicación, facturación y pago de 16 eventos que supuestamente beneficiaron a la red de Correa. Ruz investiga si Correa se benefició también de la organización de estos 16 actos públicos realizados por sus empresas. Según un auto del pasado 17 de mayo se trata de tres campañas sobre la Ora; dos sobre la implantación del SER en Boadilla; dos promociones publicitarias sobre el ahorro de agua; cuatro publicidades sobre viviendas públicas; dos campañas del festival Summercase 2006; otras dos sobre la celebración de una gala en una televisión privada; así como la inauguración de la sede del PP de Boadilla del Monte el 19 de julio de 2006. Este acto contó con la presencia e Arturo González Panero, pero también de quien entonces era secretario general del PP madrileño Francisco Granados, de la actual delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados.

Esta decisión judicial constituye  un paso firme e importante, pues hasta el momento las adjudicaciones bajo sospecha en Boadilla del Monte se limitaban a  la edificación de un polideportivo por parte de la sociedad Constructora Hispánica (30 millones de euros), la pavimentación de varias calles del centro de Boadilla, también a Hispánica (500.000 euros); la adjudicación de una parcela por 27 millones a la firma UFC, de José Luis Ulibarri, así como la adjudicación directa a Easy Concept, una de las empresas del presunto cerebro de la red, Francisco Correa, de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), que superaba los 7,2 millones de euros. Otra de las adjudicaciones de las que se benefició la red corrupta, más de un centenar de locales comerciales y plazas de garaje en la promoción Residencial Siglo XXI está valorada en 6 millones de euros. Todo por un montante muy superior a los más de 60 millones de euros.

A ello hay que añadir que el exjuez Baltasar Garzón logró abortar una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía.

Si a los últimos 30 millones de Teconsa y Ortiz se suman los más de 60 millones sospechosos que se habían detectado hasta el momento, el beneficio de la red podría haber superado ampliamente los 90 millones de euros, según las valoraciones de las adjudicaciones municipales. Incluyendo actos e ingresos que se dejaron obtener, la red Gürtel pudo tener un beneficio cercano a los 100 millones de euros,

Los informes que forman parte de las diligencias judiciales apuntan también al ingreso en las cuentas de la trama de 1,8 millones de euros que posteriormente se repartieron tanto Correa como Pablo Crespo, su número dos. La policía apunta que se trata de "una cantidad muy elevada para vincularla a un solo pago, y más teniendo en cuenta que en otras actuaciones realizadas con Teconsa el pago de la comisión correspondía a un porcentaje de un 3% sobre el precio de adjudicación de la obra". Por ello considera que el importe "no se correspondería con el pago de una comisión, sino que aglutinaría varias adjudicaciones de las que ha sido beneficiaria Teconsa en Boadilla del Monte [Madrid]". Estas adjudicaciones son las que está investigando ya Ruz, que también trata de determinar la participación de Teconsa en la organización de la visita del Papa a Valencia.