Boadilla ficha a un acusado de trocear contratos a Correa

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha contratado como funcionario al exempleado de la Comunidad de Madrid Gerardo R. C., acusado por los socialistas madrileños de favorecer desde su anterior puesto a las empresas de la red Gürtel encabezada por Francisco Correa. En concreto, y según consta en el sumario del caso Gürtel, el nuevo funcionario municipal participó en la adjudicación a la empresa Easy Concept de un contrato para la inauguración del curso escolar de 2004 en 11 colegios de la Comunidad de Madrid. "De acuerdo con la naturaleza de estos servicios consideramos que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación (negociado o abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", asegura el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que analizó las cuentas de la Comunidad de Madrid relacionadas con las empresas de Correa. En dichas cuentas se halla la adjudicación en la que participó el ahora funcionario de Boadilla del Monte. De esta forma, y según el sumario, Gerardo R. C. participó desde su cargo de secretario general técnico de la Consejería de Educación en ese fraccionamiento realizando por un mismo trabajo dos facturas de 11.990 euros y 11.984 euros. Ambas facturas no superan el límite de los 12.000 euros, algo que hubiera obligado a la Comunidad de Madrid a sacar a concurso público la organización del inicio del curso escolar, que acabó engrosando las cuentas de las empresas de Correa.

Cuatro ediles de la época de Panero, reubicados en otros Ayuntamientos

En el escrito de acusación de los socialistas, que más de un año después no ha sido contestado por el magistrado Pedreira, se solicita la imputación de numerosos cargos del Gobierno regional, incluido Gerardo R. C., atribuyéndole tres y no dos fraccionamientos, como asegura el sumario, del contrato del inicio del curso escolar. De esta forma, el beneficio de Correa gracias a la gestión del mencionado funcionario sería de 5.432 euros, superando entonces los 29.300 euros.

La contratación de este funcionario choca con las anteriores iniciativas desplegadas por el nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, quien ha manifestado su intención de dotar de transparencia su gestión después de que en la pasada legislatura dos alcaldes, Arturo González Panero y Juan Siguero, tuvieran que abandonar el cargo tras ser imputados en el caso Gürtel. Por decisión del nuevo primer edil, todos los gastos serán enviados al Tribunal de Cuentas para que fiscalice los presupuestos municipales, al mismo tiempo que ha creado un órgano de control de las adjudicaciones municipales.

Por otra parte, un sector de los exconcejales del PP que se presentaron en la lista que hace cuatro años encabezó el exalcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, y que no resultaron implicados en el escándalo, han sido recolocados en los Ayuntamientos adyacentes en los que gobierna el PP. Este es el caso de al menos cuatro integrantes del equipo de González Panero, como por ejemplo la que después fuera alcaldesa Mercedes Nofuentes: tras aceptar el cargo, al dimitir Juan Siguero, fue contratada en el Ayuntamiento de Las Rozas como responsable de área con una retribución anual de 45.832 euros en 14 pagas (3.273 euros mensuales). Los socialistas también solicitaron que Nofuentes declarase como imputada en el caso Gürtel, algo que el juez Pedreira dejó sobre la mesa.

La exconcejal en Boadilla Isabel Fernández de Guzmán también fue nombrada asesora en Las Rozas pero con un sueldo menor: 37.654 euros. Fernández de Guzmán fue citada a declarar como testigo por Pedreira por la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla, un servicio adjudicado por González Panero a una de las empresas de Correa por más de dos millones de euros. La oficina fue cerrada por su sucesor, Juan Siguero, tras reconocer que su funcionamiento había sido irregular. Otras de las recolocadas son Olivia García Moyano, concejal en Villaviciosa de Odón; y Cristina Sánchez Massa, edil en Pozuelo de Alarcón.