La Guardia Civil detalla 10 años de descontrol en las ayudas de Empleo

“La subjetividad en la concesión de ayudas públicas”. Es uno de los axiomas que utiliza la Guardia Civil para explicar el sistema que permitió incontables desmanes durante una década en la Consejería de Empleo. El Grupo de Delincuencia Económica ha entregado su particular biblia sobre el escándalo de los ERE a la juez instructora, Mercedes Alaya. Y en 300 páginas condensa los protagonistas (dirigentes socialistas, empresarios, sindicalistas, comisionistas, familiares beneficiados por un nepotismo extremo...), el modus operandi y por qué falló la fiscalización de las cuentas públicas hasta permitir un agujero de al menos 85 millones mal concedidos. En un caso que acumula 52 imputados, este resumen del atestado policial condensa 10 años de supuesta corrupción:

» Procedimiento. En 2001 se ideó un convenio para conceder las ayudas directas a empresas y subvencionar los ERE “para prácticamente eliminar las posibilidades de fiscalización (...) facilitando así el descontrol absoluto de las ayudas”. Un sistema de ingeniería contable para conceder ayudas millonarias “basándose en decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas, sino más bien con intereses personales”. El ejemplo más claro es el de dos exconcejales socialistas conectados al entonces consejero y ahora diputado del PSOE José Antonio Viera, cuyas sociedades recibieron 29 millones. Viera concedió a las empresas de la Sierra Norte sevillana, comarca en la que vivió, 50 del total de 73 millones concedidos para toda la comunidad. Es decir, 30.000 habitantes recibieron el 70% de las ayudas destinadas a ocho millones de andaluces.

Los ejemplos son sonrojantes y el ex director general de Trabajo y brazo ejecutor, Javier Guerrero, dio subvenciones al churrero de su pueblo, al propietario de la gasolinera donde repostaba y a su chófer (1,3 millones) entre otros. “Aglomerados Morell utilizó la ayuda para la compra de cerdos y no para políticas de empleo”, subrayan los investigadores.

En esa lluvia de millones de la época de vacas gordas, al margen de las ayudas directas, Empleo subvencionó las prejubilaciones de los ERE. Y ahí sacaron tajada los intermediarios y las consultoras, que aplicaron comisiones desorbitadas con el consentimiento de la Administración. Todos ganaban: el director general ofrecía el dinero público para pagar el ERE y hasta los abogados del empresario, los sindicatos con su correspondiente comisión, los prejubilados que se iban a casa con pólizas millonarias y los consultores que gestionaban los pagos. “Al Hotel Cervantes se le aplica una comisión del 19,95% frente al 3,18% que sería la media del mercado, lo que supone una comisión superior a la media en 1,4 millones”, subraya la Guardia Civil.

En ese desbarajuste, los protagonistas de la trama beneficiaron “a personas vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos” mediante “ayudas no publicitadas”. Es decir, intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) entre los que figuraban Victorina Madrid, suegra del ex director general que firmaba las ayudas, y Rafael Rosendo, exalcalde socialista que sucedió a Guerrero.

» Vigilancia del sistema. ¿Cómo es posible que la fiscalización no detectara los abusos? El atestado subraya cómo Empleo ideó un opaco sistema mediante las transferencias de financiación que no permitía a la Intervención General auditar sus cuentas. La consejería ordenaba pagos a la agencia pública Idea, pero el expediente del pago permanecía en Empleo, por lo que el interventor ignoraba que en la mayoría de los casos no existía siquiera convenio ni la compañía había solicitado la ayuda. “El problema es el control”. Es la excusa que esgrimió el ex interventor general Manuel Gómez para justificar a sus subordinados. “Las subvenciones para los ERE no se refleja en el presupuesto, es decir, se ha perdido el rastro en el presupuesto. Se ha dado el dinero como asignación global sin necesidad de justificar”, relató.

La Intervención nunca emitió informes de actuación, un código rojo que habría alertado del menoscabo de fondos públicos. Los agentes consideran que debían haberlos redactado para detener el sistema de ayudas por los indicios recabados, y sobre todo porque Empleo nunca siguió las recomendaciones de los interventores, y estos estaban obligados a alertar de su incumplimiento pasados seis meses.

Además, la instrucción destaca que los informes que emitió la Intervención debieron ser remitidos al titular de la Consejería de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Así lo estipula la ley, pero la Junta ha reiterado que Griñán no fue informado de las deficiencias pese a que autorizó ampliaciones presupuestarias por 40 millones para los ERE.

» Responsabilidades. El informe policial señala “el papel esencial” de Viera para promover la mayoría de “las subvenciones ilícitas”. El diputado [consejero de Empleo entre 2000 y 2004] es aforado, por lo que su imputación trasladará el caso al Tribunal Supremo. Su sucesor, Antonio Fernández, exconsejero entre 2004 y 2010 y en prisión preventiva, es señalado como el hilo conductor que permitió los desmanes. “No solo conocía y estaba informado de la concesión de ayudas individuales, sino que fue la persona que efectivamente explicó a los sucesivos directores generales la posibilidad de su concesión”, detallan los agentes, que le acusan de mentir en su declaración judicial. Además, en 2009 recibió un informe del bufete Garrigues “con conclusiones demoledoras” que destacaba la elusión del control financiero y la falta de competencias de Guerrero para conceder las ayudas. “No traslada los hechos al juzgado ni al ministerio fiscal a pesar de su gravedad”.

La Guardia Civil señala asimismo a los miembros del Consejo de Gobierno andaluz por conocer “el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable”. El fondo ha costado a la Junta 1.217 millones, intereses de demora incluidos.

Los desmanes de Guerrero (asimismo encarcelado) requirieron “la activa colaboración de algunos de sus subordinados que se aprovecharon de las debilidades del sistema”. Además de su chófer y sus dos secretarias destaca el exparlamentario socialista Ramón Díaz, que según el atestado gestionó la inclusión de seis intrusos. Díaz tramitó seis expedientes, cuatro de los cuales misteriosamente han desaparecido y dos se rehicieron tras su salida de Empleo. “Hay que poner orden y hablar esto pero sin ruido”. Fue la consigna que recibió de sus superiores el ex director general Juan Márquez, sucesor de Guerrero. Y este dio continuidad a los acuerdos de su antecesor.

En 2010 accedió al cargo el actual director general Daniel Rivera, al que la Guardia Civil acusa de actuar “sin procedimiento” y pagar abonos sospechosos. Los investigadores le achacan que les ocultara datos comprometedores de los ERE. “Los expedientes reclamados no se mandaron tal cual estaban en la DGT (...) se sacó de los expedientes documentación de interés”.