Exdiputados que piden sus chollos

Este mes comenzarán a sustanciarse ante el Tribunal Superior de Justicia de la CV las reclamaciones interpuestas por 43 exdiputados de las Corts que instan percibir los beneficios que en 2006 les fueron acordados —y posteriormente derogados— a los parlamentarios autonómicos, consistentes en percibir en condiciones singulares una indemnización por cese y unas pagas complementarias a las de la Seguridad Social para garantizarles el cobro entre el 80 y el 100 % de la pensión máxima en función de los años que ocuparon el escaño. Tanto entonces como ahora estas concesiones fueron polémicas y se consideraron privilegiadas, siendo amparadas únicamente por los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, si bien hay que anotar en su favor que con ello se trataba de enmendar el absurdo legal que impedía la aplicación del régimen común vigente para todos trabajadores que bien hubiese obviado este conflicto.

A la espera de lo que los jueces resuelvan --y el fallo puede costarle a las arcas públicas la friolera de 27 millones de euros--, se reverdece el inextinguido debate en torno al desempeño de la política como actividad cívica transitoria o como oportunidad profesional vitalicia, que en todo caso ha de estar justamente retribuida, pero en consonancia con los niveles de renta que priman en su entorno, el valenciano en este caso. A lo que no puede aspirarse sin escándalo es a convertir la dedicación pública en un chollo, tanto más cuando están por percibirse los beneficios materiales que para los administrados se decantan de este órgano legislativo que son las Cortes, por no aludir a la feble cualificación profesional y eficiencia de buen número de sus titulares. O sea, que a los señores diputados en lucha les es muy recomendable un baño de modestia y no confundir el escaño con un premio gordo de la lotería.

La justicia dará o quitará lo que corresponda, pero sería chocante, cuando no indignante, que resultase ser correcto indemnizar en concepto de paro a quien, perdida su condición de parlamentario, percibiese una cuantiosa indemnización incluso cuando se incorpora a otro puesto de trabajo retribuido, público o privado. Una cosa es dotar a quien ocupó un escaño después de una probada y abnegada lucha por la democracia y se encuentra desarmado ante los apremios de la vida —tal como aconteció en los inicios de la transición— y otra muy diferente generalizar un estatuto circunstancial y extraordinario a quienes confunden la democracia con la sopa boba.

Se dirá que estamos hablando de bagatelas a la vista de los saqueos corporativos que a diario se han producido y se producen en este país por parte de gestores públicos, consejeros societarios de toda ralea y ejecutivos bancarios, todos ellos —o casi— doctorados cum laudem en la Universidad de Sierra Morena. En relación con este fenómeno delictivo y desmadrado las demandas de los aludidos diputados resultan económicamente poco menos que irrelevantes, pero también significativas del espíritu mezquino y ajeno a la ética que abunda cada vez más en la política, convertida —a pesar de las brillantes y generosas excepciones— en coso de gentes mediocres que buscan un viático o una salida personal porque carecen de méritos y coraje para ganarse la vida de otro modo. El aliento de aquellos lejanos tiempos en los que privaba el propósito de cambiar y mejorar la sociedad ya solo se percibe entre la izquierda emergente y la juventud indignada.