5.000 viviendas en el aire

Llevan años luchando por la legalización de sus viviendas, pero entre los vecinos de las zonas residenciales de Los Puentes cunde ya la desesperanza cuando no el escepticismo más absoluto. Son unas 5.000 viviendas, la mayoría de segunda residencia, construidas en las últimas décadas junto a los ríos que atraviesan la capital jiennense. Cuando parecían que habían encontrado la rendija definitiva por donde regularizar sus casas, tras el acuerdo plenario de noviembre de 2010 en el que PP y PSOE aprobaron su integración en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el conflicto vuelve a atascarse y parece situarse en el mismo punto de partida.

Los vecinos de Los Puentes han copado la mayor parte de las 311 alegaciones que el Ayuntamiento ha recibido para el nuevo PGOU, en fase de tramitación. “El nuevo PGOU será un paso definitivo en su camino hacia la regularización, ya que en el documento incluimos las zonas de los Puentes íntegramente para su regularización como asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable”, ha señalado el concejal de Urbanismo, Francisco Márquez, que pide la máxima colaboración a la Junta para que eso sea posible. Y es que será la Junta la que, en última instancia, se pronuncie sobre la legalidad de estas viviendas, y los vecinos no las tienen todas consigo. De hecho, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAU) de la Junta pone obstáculos a la legalización de al menos el 80% de las viviendas, pues establece que no podrán regularizarse los terrenos que se han inundado alguna vez en los últimos 500 años. Un nuevo jarro de agua fría para estos habitantes, como indica su portavoz vecinal, Antero Jiménez.

Sin embargo, el Ayuntamiento sí contó con la complicidad de la Junta de Andalucía, que indultó en su día 142 chalés para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ordenó su demolición por ocupar el dominio público hidráulico. Los informes determinaron que solo habría que demoler una vivienda y otras 12 sufrirán derribos parciales.

En medio de tanta confusión, el gobierno local del PP intenta calmar a los vecinos. "Pueden estar muy tranquilos porque el PP ha establecido ya en el nuevo PGOU la máxima calificación que recoge el decreto de la propia Junta y como asentamientos urbanísticos", recalca el edil de Urbanismo, Francisco Márquez.

Tampoco está definida la fórmula elegida para regularizar las viviendas. PP y PSOE aprobaron en su día en el pleno la catalogación como suelo urbano consolidado. De este modo, los propietarios solo pagan los gastos de los servicios comunes (agua o luz), pero no tendrán que asumir los gastos de urbanización (viales, zonas verdes, etc.) ni ceder al Ayuntamiento el 10% de los aprovechamientos urbanísticos. Pero la anterior consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ya advirtió que no podrán legalizarse las viviendas que estén en zonas protegidas o inundables y, en todo caso, cuando sí sea posible acometer su regularización deben ser los vecinos los que contribuyan al pago del coste de las infraestructuras y equipamientos. Es decir, todo lo contrario a lo aprobado por el Pleno jiennense. Hay medio centenar de órdenes de derribo y más de un centenar de procedimientos abiertos.