Un exdiputado foral asegura que su actuación respondió a criterios técnicos

El juez Roberto Ramos, titular Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, escuchó ayer dos nuevos testimonios en su investigación del caso De Miguel, la presunta trama de corrupción en la que están imputados ex altos cargos y exmilitantes del PNV, declaraciones con las que se abre una nueva tanda de testimonios para aclarar los hechos.

El juez interrogó a Iñaki Nafarrate, quien sustituyo a Alfredo de Miguel, supuesto cabecilla de la trama corrupta, como diputado alavés de Administración Local cuando aquel tuvo que dimitir tras ser detenido en marzo de 2010. Nafarrate era director de Equilibrio Territorial en Álava cuando se produjeron los hechos investigados por la justicia, entre 2006 y 2009. También compareció a declarar la exdirectora de Administración Local Izaskun Martínez Lahidalga. Ambos fueron interrogados en torno al caso Zambrana, un fallido intento de recalificar terrenos en dicha localidad alavesa para poder construir sobre ellos.

Nafarrate y Martínez de Lahidalga mantuvieron su relato de lo sucedido en 2009. Ambos ya ofrecieron su testimonio en las Juntas Generales de Álava, donde se constituyó una comisión de investigación sobre dicho caso cuyas conclusiones fueron asumidas por del Parlamento en torno al caso De Miguel.

Nafarrate, quien declaró a primera hora de la mañana y durante más de una hora, defendió que el sentido de su voto en febrero de 2009 en una reunión de la Comisión del Ordenación del Territorio del País Vasco que tumbó informes que consideraban inviable la recalificación de terrenos estuvo razonada con “criterios técnicos”. Eso sí, no probó que estos fuesen recogidos en un informe de la Diputación. Y recalcó que no hubo presiones políticas antes de la votación.

Expresidentes de las Cuadrillas alavesas declararán ante el juez el 14 de junio

En marzo de 2011, el entonces diputado general alavés, el peneuvista Xabier Agirre, llegó a decir, días después de que se votara en las Juntas Generales el dictamen definitivo sobre el caso Zambrana, que fue De Miguel quien dio directrices a Nafarrate y Lahidalga, que ayer respaldó la versión de su superior.

La comisión de las Juntas Generales concluyó que no existían documentos que avalaran las actuaciones de Nafarrate y Lahidalga cuando los dos responsables forales —que en ese momento formaban parte del equipo de De Miguel— permitieron con sus votos obviar informes medioambientales que descartaban la operación al considerar que los terrenos eran inundables. Nafarrate reiteró que la Agencia Vasca del Agua, autora de uno de los informes, no era competente en esta cuestión, al igual que hizo ante las Juntas.

Aunque en un principio este movimiento fue considerado parte de una disputa política entre el PNV y EA, finalmente trascendió la existencia de complejos movimientos empresariales, en los que De Miguel, a quien la alcaldesa de Zambrana había pedido ayuda en 2004 para impulsar el desarrollo urbanístico de la localidad, introdujo a su amigo Josu Arruti, administrador de Sidepur.

Tras dos intentos fallidos, Arruti convenció a la empresa catalana Riera Urbanizer para que invirtiera en los terrenos que teóricamente iban a ser recalificados. El juez analiza si hubo aquí pagos de comisiones, ya que cuando Sidepur cobró una primera parte de los honorarios por gestionar esta cuestión transfirió la mitad a Kataia Consulting, empresa pantalla de De Miguel.

La Diputación cambió de postura después para avalar la tesis de los técnicos, y reducir la extensión recalificada. Ello derivó en que Riera Urbanizer, que al parecer gastó millones de euros en opciones de compra por los terrenos, llevara a la Diputación ante los tribunales.

En la nueva ronda de declaraciones, destaca la del último imputado, Josu Montes. Exadministrador de Ortzi Muga y exempleado de Errexal, dos de las empresas directamente vinculadas a la supuesta trama, ha sido llamado a declarar el 22 de junio. Antes, el día 14, pasarán por el juzgado quienes entonces presidían las Cuadrillas alavesas, entre ellos dos actuales parlamentarios del PNV, y una responsable de Cultura.