El PP propone que las industrias con licencias ilegales sigan operando

El veloz camino de la Lei de Vivenda en el Parlamento no será impedimento para introducir una modificación sustancial, a propuesta del Grupo Popular. Se trata de una enmienda, la número 7 de las 14 presentadas por el PP, que permitirá que todas las industrias y comercios ubicados en naves o edificios declarados ilegales por sentencia firme puedan seguir operando. La propuesta extiende a las edificaciones destinadas a actividades comerciales o industriales una disposición de la futura ley, la que paraliza la ejecución de las sentencias que anulan licencias y conllevan la demolición de lo construido hasta que el titular del inmueble sea indemnizado.

PSOE y BNG apoyarán la moratoria durante el trámite parlamentario de la ley, ya que ni socialistas ni nacionalistas han pedido en sus enmiendas suprimir o alterar en lo fundamental la propuesta de la Consellería de Territorio, que dirige Agustín Hernández. El principal cambio será consecuencia de las aportaciones del PP, que propone blindar la actividad de industrias y establecimientos comerciales declarados ilegales. La enmienda es tan escueta como ambigua, ya que se limita a señalar que “el régimen previsto” en la polémica disposición adicional sexta “será de aplicación a las edificaciones destinadas a actividades comerciales o industriales” construidas con una licencia “anulada”.

Otro cambio permitirá conceder al instante licencias de obra menor

La simple apelación al “régimen previsto” en una disposición tan compleja como la que se modifica abre la enmienda del PP a múltiples interpretaciones. El ponente del Grupo Popular para la nueva norma, el diputado Jaime Castiñeira, sostiene que el objetivo de la propuesta consiste simplemente en evitar la desaparición de industrias “que dan trabajo” como consecuencia de una sentencia judicial de derribo. “Tal y como esta la ley en la actualidad, tienen que cerrar y despedir”, apunta.

La moratoria para los derribos, que obliga a indemnizar a los titulares de las viviendas declaradas ilegales antes de efectuar la demolición, es muy similar a la aprobada por el Gobierno cántabro, que motivó un recurso de anticonstitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. La disposición fue duramente criticada por el Colegio de Arquitectos de Galicia, mientras que la Asesoría Xurídica de la Xunta dedicó 14 folios de su informe sobre la ley a advertir de los “problemas de encaje en el ordenamiento jurídico” de la medida y del “evidente riesgo” de que corra la misma suerte que la de Cantabria: el Tribunal Constitucional.

Como advirtió la asesoría, la moratoria puede ser inaplicable, ya que el procedimiento de responsabilidad patrimonial puede interponerse en el plazo de un año desde la producción del daño efectivo, y este no se produce hasta el momento de la demolición.

Otra de las enmiendas del Partido Popular a la Lei de Vivenda contempla la concesión de licencias exprés por los ayuntamientos para proyectos de obra menor. La propuesta añade un punto al artículo 195 de la Ley de Ordenación Urbanística de 2002, el que regula la concesión de licencias, de forma que el mes de plazo con que cuenta la Administración local para conceder una licencia de obra menor se pueda eliminar, y los permisos se concedan “en el mismo momento de la solicitud”.