El Consell defiende los grandes eventos en medio de casos de corrupción

Valencia está en todos los telediarios (menos el de Canal 9). Los escándalos de corrupción se ceban en la imagen de la Comunidad Valenciana, pero la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Lola Johnson, se pasó este jueves el día en las Cortes Valencianas defendiendo la política de grandes eventos. Incluso los relacionados con el caso Nóos, que investiga un juez de Palma y en el que ya hay seis imputados de la Administración autonómica.

La policía registraba la sede de la Agencia Valencia de Turismo en busca de documentos del caso Gürtel cuando Johnson explicó en una comisión parlamentaria que los expedientes de los convenios con el instituto de Iñaki Urdangarin para organizar los encuentros Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006, que costaron más de 3,5 millones a las arcas públicas, fueron “correctos” y “cumplieron sus objetivos”. También lo hizo, según ella, el convenio para preparar unos Juegos Europeos, que costó 382.203 euros y acabó descartando la organización del evento.

Johnson alegó que los Valencia Summit, encuentros de responsables de organización de eventos deportivos, obedecían a una “idea exclusiva” del instituto Nóos, de ahí su coste. La oposición cargó con todo. La implicación del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue destacada por el portavoz de Compromís, Enric Morera.

También Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, incidió en ello al preguntar “¿quién tomó las decisiones de firmar los tres convenios?”. Blanco puso en duda los costes de los encuentros, en los que se incluyen 20.000 euros en flores. Algo en lo que abundó el diputado socialista Josep Moreno, que consideró “extraordinariamente graves” las imputaciones que ha formulado el juez y destacó gastos como 191.000 euros en alojamientos o 368.000 euros en azafatas. “Hago una llamada a la sensatez”, dijo Moreno. “¿Puede sostener el Gobierno valenciano lo que los propios implicados ya no pueden?”. La consejera apeló a que los diputados pongan aquellos acontecimientos en su contexto y tengan en cuenta “el cambio de escenario”. Era hora de comer y en los telediarios seguían las imágenes de los registros policiales.

Por la tarde, le tocó lidiar a Johnson en otra comisión con la parcela de las denominadas torres de Calatrava junto a la Ciudad de las Artes de Valencia y con el futuro de la Ciudad de la Luz, de Alicante. La Generalitat pretende vender ambas propiedades.

La diputada socialista Eva Martínez esgrimió un informe que obra en el expediente en el que se revela que el proyecto de torres de viviendas de lujo, por cuyo diseño pagó el Consell 15 millones al arquitecto Santiago Calatrava, “era inviable” dado que el solar fue expropiado para construir viviendas protegidas. Ahora la Generalitat pide 289 millones más los honorarios del arquitecto por la parcela y el proyecto. Johnson defendió que se trata de un proyecto singular pero que ahora “las prioridades son otras”.