Aprender del pasado

Algunos protagonistas de la negociación abierta el miércoles por los partidos catalanes sobre la financiación de la Generalitat han proclamado su voluntad de no repetir los errores en que a su juicio incurrieron entre 2004 y 2006 en la reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Qué errores? Reconocen uno: Haber dilatado excesivamente el periodo de elaboración del proyecto, unos dos años, hasta el extremo de que todos se desgastaran en él y la opinión pública dejara de sentirse concernida.

Pero hubo otros errores, que no se reconocen, y alguno afecta de lleno a la fuerza que ahora dirige el proceso en su condición de gobernante, Convergència i Unió (CiU), entonces en la oposición. Aquel proceso estuvo dominado por una irresponsable dialéctica de subasta al alza entre CiU y Esquerra Republicana (ERC), en un delirio tacticista en el que ambas partes creían dirimir la primacía entre soberanistas. Una de sus primeras y previsibles consecuencias, que a la larga resultó fatal para el proyecto, fue descabalgar al PP del consenso. Otra consecuencia, fruto de la misma pugna entre independentistas, que duró hasta el final, fue la presión conjunta de CiU y ERC sobre los socialistas forzando la constitucionalidad del proyecto. Colocaron una y otra vez al PSC ante la disyuntiva de descolgarse del proceso, lo que en su caso acarreaba también ponerle punto final y asumir el fracaso de lo que se había ido convirtiendo en el principal objetivo del gobierno de Pasqual Maragall.

La negociación actual no es igual, pero se le parece. Entonces también hubo unas primeras reuniones de todos los jefes de partido convocadas por el presidente Maragall en demanda de la unidad catalana. Como ahora, se buscaba el consenso más amplio posible en torno a lo que todos decían querer por igual: una mejora del autogobierno que por supuesto incluía también su financiación. Como ahora, había mucho escepticismo acerca de hasta dónde llegaría el PP. Pero su presidente en Cataluña era una personalidad de relevante trayectoria y se suponía que mucho peso político en su partido: Josep Piqué. Había sido portavoz, ministro de Industria y ministro de Asuntos Exteriores en los gobiernos de José María Aznar. Su apuesta era colocar al PP en el espacio central de la política catalana, para lo que resultaba necesario poder representar a los sectores sociales moderadamente catalanistas.

Piqué porfió durante meses y meses para que el PP pudiera, por lo menos, dar su abstención al proyecto de reforma del Estatuto que se aprobara en el Parlament. La alocada puja entre CiU y ERC lo hizo imposible. Los socialistas se mantuvieron en el proyecto a base de introducir ambigüedades en él, elementos sólo aceptables en una interpretación autonomista de la Constitución. Sabido es que no sirvió. La interpretación descaradamente centralista de la Constitución por un Tribunal Constitucional identificado con el PP laminó el Estatuto y lo redujo casi a mera ley de régimen local.

Es interesante que dos de los protagonistas de las negociaciones recién emprendidas sobre la financiación de la Generalitat fueran los dos dirigentes de CiU que en su día fueron corresponsables de estrellar el Estatuto de 2006 contra la pared del Tribunal Constitucional. Habrá que ver si han aprendido algo. Uno es Artur Mas, entonces autonomista, ahora convertido en independentista. El mismo que en septiembre de 2005 exigió como líder de CiU arrinconar a Pasqual Maragall en la negociación directa del Estatut con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, es ahora el jefe de gobierno catalán que reclama el apoyo del PSC de Pere Navarro. Otro protagonista es el ahora portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. En la reforma del Estatuto era el diputado ponente de CiU y se dedicaba a soltar una y otra liebre en forma de hito nacionalista para que los ponentes de ERC corrieran tras ellas. Una táctica exitosa: arrastró a los republicanos y de paso mantuvo la primacía. Que la reforma del Estatuto fuera luego triturada por el Tribunal Constitucional es para ellos culpa de Madrid, de los socialistas que no sujetaron al Tribunal. Y del PP, claro, ya se sabe

El PP está ahora dirigido por Alicia Sánchez Camacho, que ya ha pedido lo mismo que Piqué en 2005: una propuesta que por lo menos le permita abstenerse en la votación que se hará en el mes de julio en el Parlament. Y luego, en Madrid, ya se verá. El PP es ahora el partido del gobierno en España, montado sobre una holgadísima mayoría absoluta en las Cortes. De manera que o hay acuerdo con el PP o no hay nada de nada. Todas las partes saben que en 2013 corresponde la revisión quinquenal del vigente modelo de financiación y que, por lo tanto, lo que ahora toca, tras dos años de intensa campaña de agitación nacionalista con el eslogan del concierto económico a la vasca, es hablar en serio de lo que será la posición catalana en esa revisión. De concierto económico se ha pasado a pacto fiscal. De salir de la Lofca se está pasando a posición singular en la Lofca. Esto para empezar.

En los próximos meses se verá si Mas y Homs han aprendido algo de sus errores del pasado, ahora que ya no se disputan la primacía con Esquerra.