La Junta eleva a 85 millones el dinero defraudado con los ERE

La Junta estima que concedió de manera irregular 85 millones en ayudas directas a empresas y falsas prejubilaciones gracias al fondo para compañías en crisis que subvencionó los ERE (expedientes de regulación de empleo) entre 2001 y 2010. La cifra incluye 73,8 millones que el Gobierno andaluz reclama ahora a través de 189 procedimientos de reintegro a las empresas y 11,2 millones dados ilegalmente a los 126 intrusos (personas que nunca trabajaron en las firmas beneficiadas).

Después de 14 meses de trabajo, los auditores de la Cámara de Cuentas han culminado un anteproyecto de informe que relata el caos que reinó durante una década en la Dirección General de Trabajo. Y las cifras disparan todo lo conocido hasta ahora sobre el polémico fondo. Este ha costado a las arcas públicas nada menos que 1.217 millones, incluidos la refinanciación de la deuda y los intereses de demora acumulados. Los intrusos se elevan hasta 126 (la Junta había identificado 72 hace un año) y en total Empleo ha analizado las pólizas de 323 personas, 141 de ellas están aún siendo investigadas por la Administración y 56 casos cumplían los requisitos para cobrar las ayudas públicas. La Junta ha iniciado hasta ahora 99 expedientes de reintegro a los intrusos que suman 11,2 millones.

El Parlamento encargó en abril de 2011 la exhaustiva auditoría, que supone el mejor mapa realizado hasta ahora sobre el caso de los ERE al margen del farragoso sumario. A pesar de que la investigación judicial avanza con paso firme y la Consejería de Empleo prosigue con su reclamación de las ayudas mal dadas, el mutismo administrativo de meses que impusieron las elecciones autonómicas, se ha roto: al margen de los 73,8 millones que entregaron a los empresarios, los 126 intrusos detectados percibieron hasta 12,3 millones y habrían cobrado otros 15,2 millones de no haberse detectado a tiempo el fraude.

El caos era ley en la Dirección General de Trabajo: “No ha contado con un sistema de información que permita conocer el número de solicitudes de ayudas presentadas, las desestimadas, las concedidas, su seguimiento y justificación, así como el control de beneficiarios”, revela el borrador del informe. Y las ayudas nacieron viciadas, puesto que el convenio que las autorizó en 2001 no fue prorrogado “ni expresa ni tácitamente” y careció de previsión para tramitar pagos. A pesar de ello, Empleo firmó cientos de convenios con cientos de empresas, instituciones, Ayuntamientos y fundaciones privadas.

La fiscalización de los ERE confirma que las ayudas carecieron “del control previo exigible” y que ignoraron el procedimiento administrativo preceptivo. Los auditores se alinean así con la policía, la Guardia Civil, la fiscalía y la juez, y censuran las transferencias de financiación que utilizó Empleo para pagar los ERE porque contravienen hasta cuatro leyes: “Se ha realizado una clasificación económica de los créditos inadecuada, consignando como transferencias de financiación lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder”.

Respecto a las modificaciones presupuestarias que autorizó el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su etapa como consejero de Hacienda, los auditores censuran que no se ajustaron a las previsiones normativas en materia presupuestaria, ya que no se adecuaron “a la naturaleza del gasto” aprobado. Es decir, el dinero se utilizó para otros fines distintos de los presupuestados. La auditoría analiza 14 expedientes de modificaciones presupuestarias por 101 millones, de un total de 125 millones que autorizaron tanto Griñán como el Consejo de Gobierno. Los informes contaron con la conformidad de la Dirección General de Presupuestos y el informe favorable de la Intervención General, pero según los auditores, esto no representaba una garantía. ¿Por qué? Los auditores se alinean con la tesis de la juez Mercedes Alaya: dadas las irregularidades detectadas, la Intervención General debió haber emitido informes de actuación que alertaran del menoscabo de fondos públicos. Y esta no lo hizo.

“La Intervención debió emitir el informe de actuación por haber constatado que los gestores de Idea no adoptaban las medidas necesarias para solventar las deficiencias detectadas a lo largo de los ejercicios 2003 a 2008 y haber apreciado circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de los fondos públicos”, subraya la auditoría. Así la teoría de la juez de que la Intervención General ignoró su obligación de “examinar y hacer un juicio crítico de la gestión realizada de los programas presupuestarios, en términos de economía, eficacia y eficiencia”, en palabras de los auditores, cobra fuerza. Y ahí radica la madre del cordero del devenir del caso, que aclarará el ex interventor general Manuel Gómez entre otros. Mientras, el borrador de auditoría aún debe incorporar las alegaciones de Empleo y ser modificado por el pleno de la Cámara de Cuentas antes de su entrega al Parlamento y al Tribunal de Cuentas. Pero su cualificación técnica ante el devenir del caso es indudable.