El PP acusa a Canal Sur de secuestrar la libertad de expresión y ser propia de Cuba
El PSOE califica Telemadrid y la "televisión de Cospedal" como herramientas de manipulación
El debate del proyecto de ley que permite la privatización de los canales autonómicos ha servido este jueves para que PP y partidos de la oposición se cruzaran descalificaciones a cuenta las televisiones regionales. De este modo, el PP ha tachado Canal Sur, la televisión andaluza, de “más propia de Cuba que de España”, mientras el PSOE ha afirmado que Telemadrid y a la “televisión de Cospedal” son entes de “manipulación política”.
El proyecto de ley, rechazado por socialistas, IU, ERC, UPyD y BNG, permite aplicar distintos modelos de gestión de los canales, incluyendo la privatización. Sí obliga a equilibrar ingresos y gastos, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La defensa más agresiva del proyecto del Gobierno corrió a cargo del Grupo Popular, cuya diputada Macarena Montesinos llegó a afirmar que el PSOE, con Canal Sur, “secuestra la libertad de expresión” y “anula a los partidos de la oposición con un modelo más propio de Cuba que de España”.
Así ha replicado el PP al representante socialista, Juan Luis Gordo, quien ha considerado Telemadrid y la televisión de Castilla-La Mancha, donde gobierna la popular María Dolores de Cospedal, como instrumentos de manipulación.
En la misma línea se ha pronunciado la diputada de IU Laia Ortiz, quien ha comentado en el Congreso: “No me puedo imaginar Telemadrid si Esperanza Aguirre la vende a Federico Jiménez Losantos”. “Entre mentiras y trabas, tienen la democracia secuestrada", ha añadido.
El ministro de industria, José Manuel Soria, ha justificado el proyecto y su urgencia en la difícil situación económica, ya que, según ha asegurado, permitirá a las comunidades dar viabilidad a las televisiones y elegir el modelo más adecuado. También ha resaltado que se mantiene el control de los parlamentos.
UPyD ha llegado a cuestionar la existencia de televisiones públicas si no son viables mientras los representantes de grupos nacionalistas han visto en la norma un ataque a las competencias autonómicas.
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