Such asegura al juez que se limitó a validar los proyectos de adjudicación
La secretaria primera de las Cortes está imputada por su actuación cuando era consejera de Turismo
La exconsellera de Turismo Angélica Such ha asegurado hoy ante el juez que ella se limitó a validar los proyectos de contratación pública que elaboraban los técnicos de este departamento de la Generalitat, entre ellos algunas de las adjudicaciones que recayeron sobre Orange Market para Fitur.
Según han informado a EFE fuentes del caso, Such ha empleado esta argumentación durante su comparecencia como imputada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que investiga un supuesto delito electoral del PPCV y una presunta prevaricación de la Administración autonómica relacionada con la trama Grtel.
La exconsellera de Turismo, que ocupó este cargo entre 2007 y 2009, ha contestado durante dos horas a las preguntas formuladas por todas las partes, centradas en la contratación de Orange Market para montar el expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid entre 2005 y 2009.
Such, que posteriormente fue titular de Bienestar Social hasta julio de 2011, ha insistido en que los proyectos aspirantes a esta adjudicación pública eran valorados por los funcionarios de Turismo, por lo que ella únicamente se limitaba a rubricar sus decisiones.
Al concluir su citación, la también actual secretaria de la Mesa de Les Corts Valencianes ha rechazado hacer declaraciones a los periodistas.
Además de la exconsellera, hoy estaba prevista la declaración, también como imputado, del ex administrador general del PP Cristóbal Páez, cuya comparecencia ha quedado pospuesta para el próximo 20 de junio, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
En su lugar lo ha hecho, en calidad de testigo, la funcionaria de la Agencia Valenciana de Turismo María José Argudo, cuya declaración ha sido adelantada.
Después de esta funcionaria, las declaraciones se retomarán el 18 de junio con la testigo Virginia Beltrán y la imputada María de las Mercedes Orts, trabajadora de Orange Market, filial valenciana de la trama dirigida por Alvaro Pérez "el Bigotes".
Hasta el momento, el número de imputados en esta causa se eleva a 26, entre ellos cinco diputados autonómicos y varios dirigentes y exdirigentes del PP valenciano.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat asumió esta causa en mayo del pasado año, después de que el Tribunal Superior madrileño observara indicios de delito que podían afectar a aforados valencianos.
El instructor José Ceres ha divido la causa en tres piezas: presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, supuesta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market.
El PPCV contrató a la firma de "el Bigotes" para organizar diferentes actos de campaña electoral, y la investigación trata de dilucidar, entre otras cuestiones, si estos servicios fueron pagados por otras empresas.
La Perla también señaló hacia abajo
Los funcionarios de la Consejería de Turismo deben estar mosqueados. La cuestionable contratación con Orange Market, hasta entonces sin ninguna experiencia en este tipo de eventos, en los sucesivos contratos de Turismo para montar los pabellones de la Generalitat en la feria Fitur, que supusieron alrededor de un millón de euros cada una de las cinco ediciones, es solo culpa de los técnicos, si el juez se atiene a lo que están declarando los altos cargos de este departamento ante el juez José Ceres. Así ocurrió por ejemplo el pasado 8 de mayo con la exconsejera Milagrosa Martínez, a quien los responsables de Orange Market, la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, llamaban La Perla.
Martínez fue antecesora de Angélica Such en la Consejería de Turismo, y presidenta de las Cortes Valencianas en la etapa en la que Francisco Camps presidía la Generalitat. Según fuentes del caso, afirmó, en la línea en la que transitó la declaración de Such de ayer, que ella se limitaba a firmar lo que consideraban correcto los miembros de su departamento. En su caso, ella firmó los primeros contratos de Fitur. Y el magistrado instructor ha imputado a ambas, en el caso que investiga la financiación irregular del PP, en la tercera de las tres piezas en que se ha dividido la causa: la que investiga los supuestos delitos de prevaricación y cohecho derivados precisamente de la contratación de Fitur con Orange Market.
Al parecer, según un informe policial incorporado a la causa, una de las claves de los delitos es que fue la propia empresa Orange Market la que redactó las bases del concurso de la primera edición de Fitur, en 2005, de tal forma que se primaban en la valoración los criterios subjetivos, como la creatividad, y menos el precio.
En ese sentido, el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, preguntado por esas modificaciones, explicó que no sabía quién las realizó, aunque declaró que sería alguien con responsabilidad. Al menos no le echó la culpa a los funcionarios.
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