Los vecinos niegan estar relacionados con el ataque al edil de Torrelodones

La Policía Judicial investiga la existencia de “autores intelectuales” del incendio el pasado sábado por la noche de dos coches, uno de ellos del edil de Deportes del Ayuntamiento de Torrelodones, Carlos Beltrán, según explicaron fuentes municipales. El Consistorio ha remitido a los agentes varios mensajes “de carácter agresivo” recibidos por los integrantes del equipo de Gobierno encabezado por la formación política Vecinos por Torrelodones (VxT), a raíz del intento de desahucio de una familia el pasado 11 de mayo. Entre estos mensajes se incluye uno dirigido al periodista Juan Luis Cano, marido de la concejal de Servicios Sociales, Raquel Fernández, en el que se amenazaba con “pincharle”.

La policía trata de determinar si el autor de este mensaje está relacionado con esta familia, según las mismas fuentes. La alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, en una rueda de prensa, informó sobre las últimas novedades en el caso. “Todos los indicios apuntan a que haya una relación directa entre lo ocurrido y el proceso de los desahucios que se están viviendo en Torrelodones. No viene de nosotros, viene determinado y dicho por la propia Delegación del Gobierno. El equipo de Gobierno no hace ningún tipo de vinculación, lo hacen las investigaciones”, dijo la regidora.

Fuentes del caso aseguraron a este periódico que el menor detenido podría ser sobrino de una de las afectadas. También explicaron que tanto el menor como el otro arrestado, que ingresó en prisión al ser mayor de edad, fueron interceptados minutos después de provocarse el incendio. Las mismas fuentes indican que confesaron que la familia tenía intención de pagarles una cantidad.

Fuentes de la investigación del incendio de Torrelodones explicaron que los arrestados mostraron a la policía local los utensilios que utilizaron para quemar el coche. Asimismo, y según su declaración, llegaron a explicar que transportaron líquido inflamable en un tren de cercanías desde Alcalá de Henares, ciudad de residencia del arrestado.

Los vecinos niegan cualquier relación con las amenazas recibidas por los integrantes del equipo de Gobierno y sus familias. También con la quema de los vehículos: “¿Alguien se puede imaginar que nosotros hayamos quemado su coche, cuando vivimos justo al lado?”, se preguntó ayer Carina, presidenta de la asociación de afectados por la empresa municipal Sumtosa, la propietaria de las nueve viviendas pendientes de desahucio. “No lo hemos hecho, seguro que han sido algunos jóvenes del municipio que no tienen nada que ver con nosotros”, dijo Carina, que afirma que una sentencia le da la razón en su intento de permanecer en la casa: “Hubo una reunión del consejo de administración de Sumtosa en el que se habló de la intención de vendernos las casas. Y nos dijeron que permaneciéramos en ellas. Y por eso hemos pagado todos los recibos”, relata esta mujer.

Asimismo Amina, la mujer marroquí que junto a su marido y cuatro hijos deberá abandonar su vivienda de alquiler el 29 de junio, y sobre la que pende la sospecha de estar relacionada con el ataque contra el edil de Deportes, Carlos Beltrán, negó ayer que el menor detenido fuera sobrino suyo, tal y como apuntan fuentes del Consistorio: “No tienen nada que ver con nosotros”, explica Amina, preocupada por los efectos que han tenido sobre sus hijos el suceso. “Mis hijos están bajo tratamiento psicológico en sus centros escolares, porque les han dicho que son unos terroristas”.

Apenas unas horas antes, la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, defendía la decisión del Ayuntamiento de ordenar el desahucio de las nueve familias de las viviendas que tendrían que haber sido abandonadas en 2007: “En este caso los integrantes de la familia que tenía que haber salido de la casa el pasado 11 de mayo no son víctimas de la crisis. Seguro que estas personas no viven peor que hace unos años”, dijo la regidora, que apuntó en la rueda de prensa: “La mujer acudió al Ayuntamiento con un abogado privado solicitanto que le vendiéramos la casa. No estamos ante un caso de afectados por una hipoteca, sino por alguien que trata de aprovecharse de lo público”. Fuentes del caso explicaron a este periódico que el padre de la familia marroquí tiene una nómina de 1.800 euros y que su mujer, Amina, trabaja de forma esporádica de limpiadora. Además, estas mismas fuentes reseñaron que esta familia marroquí no pagaba el alquiler de 330 euros desde 2006, por lo que mantiene una deuda de 14.000 euros. A esta cantidad habría que añadir una multa de 60.000 euros por permanecer en la casa desde 2007, año en el que había finalizado el contrato de alquiler iniciado en 2002 entre 18 familias y el Ayuntamiento.

Sin embargo, Amina mostró ayer a este periódico un documento con apariencia de una nómina de su marido, Mohamed, de 1.050 euros. También blandió numerosos recibos como justificación del pago por parte de Amina de los 330 euros al Ayuntamiento de Torrelodones en concepto del alquiler desde 2007 hasta 2011. “Nosotros hemos pagado todo, no es verdad lo que están diciendo”.

Por su parte, el edil de Deportes y Juventud, Carlos Beltrán, que entre otras profesiones es actor, dijo, emocionado, que el sábado por la noche fue “el día más negro" de su vida y que los presuntos autores de los hechos le conocen “muy bien y desde hace muchos años”. “Jamás en mi vida me había tocado interpretar un papel tan difícil como el que estoy interpretando estos días intentando que mi hija de seis años piense que no ha pasado nada”, aseguró.

Una portavoz del Movimiento 15-M, aseguró ayer haber presentado un escrito en el Ayuntamiento en el que se muestra su solidaridad con el edil. El propio Consistorio hizo pública el domingo una nota en la que llamaba a la responsabilidad de los grupos de presión en las redes sociales, pero sin citar al 15-M. Por eso una portavoz del coloectivo tomó la palabra en la rueda de prensa para lamentar que varios vecinos le habían denominado “terroristas”. El Ayuntamiento ha convocado una concentración para el domingo en apoyo de los afectados por el incendio.