Consejeros de NCG declaran que la caja les ocultó las indemnizaciones

Las cajas gallegas solían celebrar en agosto consejos de administración para despachar asuntos de puro trámite. Hasta el 2011. El 25 de agosto de ese año, cuando ya estaba en marcha la entidad fusionada Novacaixagalicia, el consejo de administración aprobaba de tapadillo, en un punto del orden del día con cinco enrevesados apartados, la reserva para hacer frente a hipotéticas rescisiones de contratos de sus directivos. Pero en el acta de la junta, como publicó después EL PAÍS, no figuraba la cantidad ni se detallaba nada sobre los blindajes de alta dirección. Solo se mencionaba que cabía la posibilidad de que ciertas personas pidiesen la rescisión de contratos tras la segregación de activos al banco que iba a presidir José María Castellano. El último apartado informaba de que se dotaría “una provisión para el eventual ejercicio de esos derechos”.

Con el barco hundiéndose, incapaz de cumplir con las cada vez mayores exigencias de recapitalización y a las puertas de la segunda inyección de fondos públicos, los principales directivos se preparaban para hacer las maletas. Gracias a ese acuerdo se pagaron blindajes multimillonarios al exdirector, José Luis Pego (cuya indemnización fue de 7,7 millones al margen de su plan de pensiones, que asciende a 10,8), el exdirector adjunto Javier García de Paredes (5,5 millones y otro tanto de pensión cuando cumpla 65); el responsable del área inmobiliaria Gregorio Gorriarán (4,8 por rescisión de contrato y 9,2 millones de pensión) y a Óscar Rodríguez Estrada, encargado de la integración (0,7 millones de prejubilación y 8,1 millones que podrá cobrar ahora, con su jubilación).

A instancias del sindicato CIG, que no está representado en Novacaixagalicia, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar si esos pagos fueron correctos y si los consejeros sabían lo que hacían. Hasta el momento ha solicitado dos veces información al banco heredero de la caja —que los considera legales— y ha citado a declarar a los cuatro exdirectivos. Ayer interrogó durante una hora a cada uno de los vocales que votaron en contra de aquel punto del orden del día. Xosé Lois Veiga, representante del BNG, aseguró que lo hizo más “por intuición” que por disponer de información completa sobre lo que se estaba gestando. En las antiguas cajas lo habitual durante los consejos era que nadie pidiese explicaciones. Hacerlo se llegaba a considerar una deslealtad, e incluso acuerdos importantes se tomaban tras exposiciones en power point de los directivos sin más documentación. Las actas que recogían los acuerdos solo podían ser consultadas de manera presencial en la sede de la caja.

En los mismos términos que Veiga se expresó el representante de Comisiones Obreras, José Luis Regueiro, que negó que se mencionasen cantidades concretas. En aquel consejo él mismo planteó una pregunta que fue ignorada por el presidente —entonces Julio Fernández Gayoso— sobre un punto del orden del día que establecía una serie de retribuciones por “especial dedicación”, para los directivos.

Tanto Regueiro como Veiga reiteraron en Anticorrupción que ignoraban cualquier detalle de los contratos de alta dirección. “No se votaron las prejubilaciones porque en aquel momento nadie sabía que se iban a plantear”, testificaron. También el representante del sindicato CSICA, Miguel Argones, muy alineado hasta ese momento con las directrices de la caja de ahorros, votó en contra ese 25 de agosto. A raíz de la denuncia y del escándalo por los pagos, CIG ha pedido que sus planes de pensiones se reduzcan a un euro. Óscar Rodríguez Estrada, durante años mano derecha de Julio Fernández Gayoso, está a punto de percibir el suyo.

Este escándalo, unido al de las participaciones preferentes, ha hecho un grave daño de imagen a Novagalicia Banco. UGT ha denunciado que pese a dañada credibilidad de la institución, los nuevos directivos presionan “para realizar un cierre del semestre aceptable”. Pero las cosas se complican en los tribunales. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae) ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior un escrito en el que pide que se añadan otros 472 casos a la demanda que prepara este órgano contra Novagalicia, debido a las irregularidades advertidas en la comercialización de participaciones preferentes por parte de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova. Si se acepta la petición, la demanda de la Fiscalía podría reunir a cerca de un millar de personas que suscribieron este tipo de productos. En total se calcula que hay más de 43.000 suscriptores de participaciones preferentes en Novagalicia Banco. En la documentación aportada por Adicae se incluyen seis circulares informativas remitidas por departamentos centrales de Caixanova a las sucursales. En estos documentos se revela que la venta de participaciones preferentes fue un objetivo “estratégico” de la caja desde 2004. En una circular de ese mismo año se alude a la necesidad de colocarlas en pequeñas cantidades a “un gran número de ahorradores” y conseguir llegar a “todos nuestros clientes potenciales” con imposiciones que no superen los 12.000 euros.

Adicae también reclama que la Fiscalía requiera a Novagalicia Banco para que remita toda la documentación interna y externa que hayan producido las dos antiguas cajas sobre estos productos, considerados de alta complejidad por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La asociación indica que se personará como acusación en la demanda colectiva que ha anunciado la Fiscalía.