El juez sospecha de otro pago de comisiones en el ‘caso De Miguel’

El juez Roberto Ramos, que instruye el caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción que implica a ex altos cargos y exmilitantes del PNV, sospecha que la empresa Construcciones Loizate pagó en 2006 una comisión de 6.000 euros a Ortzi Muga, firma de la que era administrador en esa época el último imputado en esta causa, Josu Montes. “Existe la sospecha de que dicho pago no tuviera su efectiva contraprestación en un trabajo real por Ortzi Muga”, señala Ramos en el auto por el que cita a declarar a Montes como imputado el próximo 22 de junio.

La constructora pagó dicha cantidad en mayo de 2006 por medio de una transferencia a Ortzi Muga por traducir al euskera presupuestos, proyectos y un manual de calidad, según la declaración que prestó en su momento Jon Iñaki Echaburu, propietario de Construcciones Loizate. El juez precisa que Echaburu “no pudo dar detalles concretos” del contrato. “Manifestó que no trató con Montes o con San Juan dicha contratación a pesar de ser los socios de la empresa y el primero administrador de la misma, que no recuerda si firmaron un contrato o si la empresa le presentó algún presupuesto, que no llegó a ver las traducciones y que desconoce quién materializó el trabajo”, indica el auto.

El juez sospecha así que el pago pudo ser “ilícito” y apunta a que podría ser similar a otros dos pagos que la constructora realizó a Errexal (otra firma ligada a la trama) por de cerca de 7.000 y 10.000 euros. Estos ingresos han sido investigados como posibles pagos de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos.

Peticiones

Montes, el decimonoveno imputado en la causa, fue administrador de la extinta Ortzi Muga, compañía que no tenía trabajadores, hasta octubre de 2006. Un mes después entró a trabajar a Errexal, donde se mantuvo hasta febrero siguiente. Ortzi Muga está relacionada, además, con supuestas irregularidades en contratos con el Departamento de Cultura, en el anterior Ejecutivo, investigados también dentro del caso, pero para aquella época Montes ya no era su administrador.

El juez ha solicitado además que declaren nueve personas como testigos y pide nueva información a la Ertzaintza a petición de las defensas de Xabier Sánchez Robles y Julián Sánchez Alegría, dos de los imputados.