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485 euros por un día de hospital

Las ONG denuncian que los hospitales ya no atienden a inmigrantes

La ONG Médicos do Mundo ha contado entre enero y marzo de este año una treintena de casos de pacientes inmigrantes a los que se les ha denegado, o complicado sin necesidad, la atención médica. Hay situaciones de todo tipo, desde embarazadas en situación irregular a las que se les pide la tarjeta sanitaria —las gestantes tienen derecho a asistencia sea cual sea su situación legal—, a denegación de pruebas o de la profilaxis de prevención tras la rotura de un preservativo. “Seguramente son muchos más, estos son los que han llegado a nosotros”, explica Ana Mateo, portavoz de la ONG, que achaca estos casos al discutido decreto que la Xunta aprobó en septiembre del año pasado y que establece un mínimo de seis meses de empadronamiento para acceder a la tarjeta sanitaria. A finales de este verano, esos pacientes perderán de todas formas su derecho a la sanidad porque se les exigirá justificar una residencia legal.

 “Desde aquí queremos llamar a la objeción. Curar es un derecho y debemos ejercerlo sin restricciones”, clamó Mateo, que ayer presentaba en Santiago, junto al Foro Galego de Inmigración — integrado por más de un centenar de asociaciones— y el colectivo Esculca, la VIII Asamblea Xeral Galega de Inmigración e Emigración de Retorno, que se celebrará este domingo en la Escola Municipal de Música de A Coruña. El encuentro, bautizado con el lema É racismo, non é austeridade, versará precisamente sobre la pérdida de derechos consignada por el real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

De la asamblea del domingo saldrá un documento con propuestas de acciones contra las medidas impuestas por el gobierno, que en palabras del portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, “están sirviendo para alimentar discursos de corte xenófobo”. Restricción tras restricción, con el acceso a la sanidad pública que se estrecha para uno de los colectivos más vulnerables, la portavoz de Médicos do Mundo tacha de “mezcla interesada” el argumento, tan en boga, del “turismo sanitario” para cerrar el paso a parte de los extranjeros. “El inmigrante no es un turista. Aunque no esté en situación legal, paga impuestos que indirectamente financian el sistema de salud”. Y advierte: “ La restricción tiene costes sanitarios y económicos. Es más costoso a largo plazo negar la sanidad”, señala.

Además del derecho amputado a la sanidad, la Asamblea debatirá sobre el peso al que tienen que hacer frente las asociaciones en el reparto de alimentos, la situación de las empleadas del hogar y los controles policiales, “basados en criterios raciales”, que la Policía se resiste a reconocer pese a reconocer implícitamente su existencia al prohibirlas mediante una circular el pasado domingo.

“Me dijeron que me fuese a la privada”

De recorte a recorte, esta es la sensación de Valentina, prostituta argentina residente en Vigo en situación irregular, que acudió a mediados de diciembre del año pasado a las urgencias del Hospital Xeral de Vigo con las plaquetas por los suelos y hematomas por todo el cuerpo. Los administrativos le pidieron el pasaporte al entrar y se quedó ingresada. A las pocas horas, recibe una llamada del departamento de cuentas del centro que le informa de que cada día de ingreso le costará 485 euros, sin contar el material desechable. “Una médico llegó a decirme que me fuese a una clínica privada, que me saldría más barato. Me trató muy mal, me dejó a punto de llorar”, cuenta.

Angustiada por la deuda que según el propio hospital estaba contrayendo, Valentina se puso en contacto con Faraxa, una asociación viguesa que lucha por la abolición de la prostitución; gracias a su mediación logró no tener que hacer frente a una factura de casi 15.000 euros —se quedó ingresada un mes, hasta el 16 de enero— que por sus ingresos es incapaz de pagar. La mujer no tenía empadronamiento en la ciudad, a la que llegó dos semanas antes de caer enferma, y sin posibilidad de tramitar una tarjeta porque la norma aprobada en septiembre le exigía seis meses de antigüedad en el padrón. Tras su paso traumático paso por urgencias —un servicio, en teoría, garantizado en cualquier caso— consiguió empadronarse y el próximo mes cumplirá los 183 días que le reclama la Xunta para acceder a una tarjeta. No le servirá de mucho. El último día de agosto tendrá que presentar también el permiso de residencia. Y no lo tiene.