El Gobierno de coalición inaugura la oposición a Rajoy

El primer pleno ordinario del Parlamento andaluz fue una sesión de estrenos. En los bancos del Gobierno y en el de la oposición, en singular, porque ese espacio lo ocupa en solitario el PP. Fue una sucesión de fotonoticias. La primera, ver sentado a la izquierda del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas. La segunda, los aplausos de los diputados de IU a la consejera socialista de la Presidencia. La tercera, la devolución de los aplausos de los diputados del PSOE al portavoz de Izquierda Unida. Y la cuarta, ver al líder del PP, Javier Arenas, con cara de Bill Murray en Atrapado en el tiempo.Otra vez. Esa fue la escenografía de un pleno en el que el Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida inauguró la estrategia de oposición al Gobierno de Mariano Rajoy.

La situación no es nueva. Ya pasó en 1996 cuando los socialistas, también contra todo pronóstico, mantuvieron el Gobierno autónomo aunque entonces sí consiguieron ser la fuerza más votada y en Madrid gobernaba el PP de José María Aznar. El PSOE le dio entonces una nueva definición al verbo confrontar como sinónimo de enfrentamiento. Y el grupo popular se vio obligado más que a controlar al Ejecutivo andaluz a defender al de Aznar. En esa juego político de frontón, IU se llevó la peor parte, porque cada vez que criticaba a los socialistas estos arrastraban a la federación de izquierdas hacia las posiciones de la derecha.

Los primeros pasos de la novena legislatura apuntan al mismo camino, con la diferencia de que ahora hay una brutal crisis económica y la tasa de paro alcanza al 33% de la población activa andaluza y de que IU está al lado de los socialistas y tocando presupuesto en la Junta a través de tres consejerías.

La comparecencia de la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, sirvió para ver el terreno de juego en el que los tres grupos de la Cámara se van a mover. Teóricamente, Díaz iba a informar de la nueva estructura del Gobierno de coalición, aunque todavía no está aprobada y se desconoce qué alcance tendrá la reducción de altos cargos anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el diseño final de la llamada Administración periférica, que reducirá a la mitad el número de delegados de la Junta en las provincias.

Antes de detallar las competencias de cada una de las 11 consejerías —dos menos que en la anterior legislatura—, Díaz culpó al Gobierno de Rajoy de la amputación del Presupuesto andaluz para 2012 en cumplimiento del plan de estabilidad. Un recorte que, repitió, el Gobierno de coalición acometía “por imperativo legal”, una frase acuñada por Izquierda Unida que el PSOE ha incorporado a su lenguaje político cotidiano.

El plan de ajuste andaluz se ha traducido en un recorte salarial de 777 millones de euros que notarán todos los empleados públicos de la Junta, una disminución por una cantidad similar de la inversión y un aumento de la presión fiscal, a través del IRPF y del llamado céntimo sanitario que grava el consumo de gasolina y gasóleo. “Son medidas de recortes impuestas por el Gobierno central”, proclamó Susana Díaz. Esta tendió la mano al Ejecutivo de Rajoy, a los sindicatos y a todos los grupos parlamentarios, pero tras el ofrecimiento vino una catarata de reproches contra el gabinete de Mariano Rajoy al que acusó de “estar gobernando contra Andalucía” comunidad a la que “no perdonan” los resultados electorales del 25 de marzo que impidieron que el PP pudiese llegar a la Junta.

Díaz cargó contra la gestión del PP ya que, según ella, “está empobreciendo” el país y provoca “miedo y pánico en los españoles”.

“Este es un Gobierno nacido para la confrontación”, proclamó el secretario general del PP y mano derecha e izquierda de Arenas, Antonio Sanz, tras escuchar a la consejera de la Presidencia. El popular defendió la gestión de Rajoy y aseguró que el ajuste se debe a que los socialistas presentaron a finales de diciembre unos “presupuestos ficticios” con unos ingresos irreales.

El popular acusó a IU de olvidar su programa a cambio de “sillones” e interpretó el fichaje como consejero de Justicia del fiscal Emilio Llera como un intento de Griñán de “blindarse” por el caso de los ERE. También intentó abrir la herida en el PSOE por la salida del Gobierno de la consejera de Igualdad y Bienestar Social. “Yo no hubiera prescindido de Micaela Navarro”, dejó dicho. A Navarro muchos la señalaron como nuevo referente del PSOE en el caso de que Griñán no hubiera podido seguir gobernando.

Aunque habrá que acostumbrarse, escuchar al portavoz de IU, José Antonio Castro, hablar bien de los socialistas sonó extraño. Calificó de “magnífica” la decisión de que las políticas de igualdad dependan de Presidencia, al ser este departamento el que coordina todo el Gobierno. No obstante, Castro intentó que la voz de IU no se acoplara a la de la portavoz del PSOE, Verónica Pérez, ni a la de la consejera. “La ley de estabilidad del Gobierno de España tiene efectos perniciosos para Andalucía, pero el plan de ajuste debe mejorar en la tramitación parlamentaria”. Castro, al igual que sus coaligados, arremetió contra “los interlocutores cizañeros” de Madrid en alusión al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien cuestionó antes y después de las elecciones la solvencia de las cuentas andaluzas.