La juez de los ERE impone una fianza de 807 millones al exconsejero de Empleo

Fianza récord en el caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de 807 millones por responsabilidad civil al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión preventiva desde hace un mes. La enorme suma es resultado de la cantidad de dinero que la magistrada estima se malversó bajo las órdenes de Fernández durante la pasada década. La fianza no está vinculada a la ulterior salida de la cárcel del exconsejero. La Fiscalía Anticorrupción había pedido hasta 890 millones, pero la magistrada ha rebajado la cifra a 807.403.232 euros, cantidad que deriva del fondo para empresas en crisis que la Junta dotó con 647 millones entre 2001 y 2010, sumada a otras subvenciones directas a empresas e intrusos (personas que nunca trabajaron en las sociedades beneficiadas), y pagos supuestamente ilegales a aseguradoras.

“Es una medida adecuada y necesaria para el fin marcado: la devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido de las arcas públicas de la comunidad autónoma andaluza”, sostiene la magistrada en su auto del pasado 2 de mayo y que este miércoles, 21 días después, trasladó a las partes del caso. La Junta había pedido como acusación presente en el caso rebajar la fianza a la décima parte, 68 millones. Alaya ya fijó para el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, también encarcelado, una abultada fianza de 686 millones. Las cifras impuestas por Alaya solo son comparables a las que fijó el instructor del caso Malaya: 1.000 millones de fianza para el exasesor de Marbella Juan Antonio Roca y otros 600 millones para seis abogados por blanqueo de dinero.

La juez Mercedes Alaya acusa a Fernández de diseñar un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional, además de imputarle por cohecho al acogerse a un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en la empresa bodeguera en la que trabajó, un expediente que aprobó él mismo. Los cargos que le imputa Alaya incluyen falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro últimos continuados).

La juez desglosa en su auto la cifra de 807 millones: 527 millones por las ayudas sociolaborales para pagar las pólizas de los extrabajadores prejubilados, un millón por pólizas ilegales a cinco personas, 8,3 millones abonados por el método de “pagos cruzados” (sin pasar por la agencia pagadora Idea), y 68,3 millones en ayudas directas a empresas. Esta última cifra incluye las ayudas concentradas en la Sierra Norte de Sevilla, concedidas a exconcejales socialistas y empresarios afines al PSOE. A la suma le añade la juez el tercio preceptivo para fijar la fianza, además de ordenar el embargo de los bienes del exconsejero y poner su auto en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, mostró su estupor al enterarse por la prensa de la fianza impuesta: “A mí no se me ha notificado el auto.Alguna parte ha sido notificada y otra no. Me parece escandaloso”. Fuentes del caso añadieron: “Alaya hace un juicio de valor sobre que a priori todas las ayudas sin excepción son prevaricadoras”.

La juez considera que la supuesta malversación se inició en 2001 con la firma del convenio, y se prolongó hasta 2010, cuando Fernández cesó en el cargo de consejero de Empleo. “Existe un riesgo importante de que la dilación del procedimiento pueda hacer ineficaz en material de responsabilidad civil, un eventual pronunciamiento de condena contra el Sr. Fernández al poderse colocar el mismo en situación de insolvencia”, alega Alaya.