La reforma sanitaria valenciana

El gobierno valenciano ha anunciado un nuevo modelo sanitario que se añade al conocida como modelo Alzira y al tradicional de gestión pública. Así pues –aunque este último se aplique sólo a centros para enfermos crónicos- la presencia de tres modelos ya indica la complejidad de su convivencia en un único sistema sanitario.

Aceptemos, no obstante, una constatación previa: gran parte de los servicios susceptibles de externalización –lavandería, vigilancia, alimentación, parte del mantenimiento, limpieza, entre otros-, ya han sido confiados a proveedores privados. Por lo tanto, hasta donde sabemos, el núcleo de la nueva reforma, reside en que la gestión de esas externalizaciones –en la actualidad bajo la autoridad de diversos órganos y personas de la consejería-, se traslada a firmas del sector privado de forma que se centralice, en la empresa adjudicataria, la relación económica y organizativa con los actuales proveedores. Y, como segunda novedad destacada, la extensión a algunos servicios internos ahora prestados por personal hospitalario, como los de análisis y farmacia, de la gestión privada contratada. De este modo, la labor del personal que permanezca en la nómina de la consejería será, básicamente, la dedicado a la asistencia clínica directa.

Tras este sucinto resumen se sitúa un conjunto de decisiones y una extensa “letra pequeña” cuyo desconocimiento, en el momento actual, impide valorar el alcance y solidez final de la reforma anunciada. Señalemos, pues, algunos rasgos económicos y normativos básicos que parece sensato tener en cuenta en este momento.

La historia acumulada por la Generalitat en su colaboración con la empresa privada arroja señalados desaciertos. Se fundaron empresas con capital público y privado para el desarrollo de actuaciones urbanísticas y constructivas que concluyeron en su obligada liquidación tras el reproche legal de las autoridades europeas de la competencia: las mismas que han instado ahora la devolución de las subvenciones concedidas por la Ciudad de la Luz. Pudimos observar cómo se incitaba a la empresa privada a la construcción de residencias para ancianos, asegurando la existencia de abundantes ayudas a estos últimos; y hemos advertido que éstas no llegaban, mientras que la nueva oferta de centros se sobredimensionaba. La Consejería de Sanidad, en su momento, realizó la extraña operación de rescatar la concesión del hospital de Alzira para, a continuación, adjudicarlo a la misma empresa tras una sustancial mejora de las condiciones económicas. No hablemos ya de la construcción y posterior gestión de Terra Mítica.

Estos ejemplos conducen a dos conclusiones: primera, que la Generalitat se ha internado en terrenos que no conocía o que no le correspondían y lo ha hecho, además, con un pobre bagaje directivo, técnico e incluso legal. Segundo, que la opacidad ha sobrevolado operaciones económicas muy importantes, recurriéndose, incluso, a cláusulas de confidencialidad que no se sabe muy bien si protegían secretos de empresa o decisiones públicas vergonzantes: algo intolerable, en cualquier caso, cuando no se tienen responsabilidades en materia de inteligencia, diplomacia, defensa y seguridad. No sorprenderá, pues, que se reclame ahora, ante una cuestión de tanta importancia como la gestión de la sanidad, grandes dosis de buen juicio, capacidad profesional y transparencia.

Comentario aparte merece la afirmación que da por sentado que la gestión privada es más eficiente. No necesariamente. Puede serlo, pero para ello se necesitan varios requisitos: la existencia de competencia entre las empresas, el correcto funcionamiento de aquella y, cuando la naturaleza del servicio lo impide, una regulación cuidadosa, con incentivos que conduzcan claramente a los objetivos perseguidos por la administración. Precisamente, la ley anima a que la competencia impregne la modalidad de contratación escogido por la Generalitat: el diálogo competitivo con las empresas candidatas. Un tipo de contrato cuyo contenido se establece tras un proceso dinámico de interacción con las empresas admitidas y en el que el acierto en la estrategia de negociación puede ser decisivo para los intereses públicos. Como lo es que la Consejería de Sanidad, aunque no pueda llegar al detalle, sí disponga de información suficiente para neutralizar los posibles sesgos que provoca la asimetría de conocimiento existente entre quienes aportan su experiencia –las empresas- y quien, como contratante, tiene que desmenuzarla, analizarla y valorarla.

La estrategia de negociación, la información, la introducción de incentivos para el funcionamiento de la competencia, -como la posibilidad de extender las mejores prácticas a las empresas que no las empleen-, el estímulo de las innovaciones tecnológicas –no sólo para reducir costes, sino también para aumentar la calidad- y la participación pública en las economías conseguidas (¿la misma, sea cual sea el avance conseguido?), no agotan las principales cimientos de este modelo. Los profesionales y los ciudadanos juzgarán con particular rigor la efectiva superioridad del criterio asistencial del personal sanitario sobre las ventajas económicas defendidas por las empresas adjudicatarias: una fuente de constantes roces y conflictos si las reglas de juego no están bien definidas; y no lo estarán si se permite a las empresas que incentiven económicamente a los profesionales de la salud para que se alineen con sus intereses. Como conflictiva puede ser, si no se alcanzan acuerdos equitativos, la convivencia entre el “personal de la consejería” y el que, habiéndolo sido, pase a depender de las firmas adjudicatarias. Es en esos posibles desequilibrios y en los anteriores requisitos donde se juega buena parte del correcto funcionamiento de nuestro sistema de salud.

Manuel López Estornell es doctor en Economía.