El juzgado reabre el ‘caso Polop’ con nuevos indicios

Dos informes policiales resultado del análisis de los teléfonos móviles incautados en los registros domiciliarios de los arrestados en el caso Polop en noviembre de 2009 han conseguido que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa haya abierto sendas piezas separadas sobre las que ha decretado el secreto del sumario. “Fruto de dichos análisis se han obtenido una serie de datos que necesitan de una ampliación a fin de corroborar los mismos y pudieran tener alguna relación con el asesinato de Alejandro Ponsoda [exalcalde de Polop] en fecha 19 de octubre de 2007”, dice el auto de María Antonia Raedo, firmado el día 14 de este mes.

Esta decisión supone la reapertura de un caso que había entrado en barrena por falta de pruebas concluyentes, aunque mantenía imputados a los siete detenidos en 2009.

“Como quiera que la posible toma de conocimiento del contenido de las actuaciones practicadas por parte de las personas implicadas podría obstaculizar la investigación judicial e inutilizar las medidas acordadas, se hace estrictamente necesario decretar un secreto parcial de las actuaciones” referidas en el oficio judicial. La magistrada deja en evidencia que los indicios y las posibles pruebas obtenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se refieren a los mismos encausados, a quienes trata de impedir el acceso a los nuevos datos aportados.

Testigo protegido

La misma juez decidió en junio de 2011 archivar la imputación de Raúl Montero Trevejo y los dos supuestos sicarios checos acusados de la autoría material del crimen por falta de pruebas, pero mantuvo la del exalcalde que sustituyó a Ponsoda, Juan Cano, las del dueño y el gerente del club de alterne Mesalina y la de un empresario zapatero radicado en Polop.

Según el sumario, la acusación se basa en las manifestaciones voluntarias de un testigo protegido, que declaró que en el verano de 2007 le ofrecieron encargarse del asesinato en un reservado del lupanar, donde se habrían reunido los cuatro imputados. Tras rechazar intervenir, este testigo habría facilitado los nombres de los supuestos sicarios que luego fueron acusados de efectuar los disparos.

La Audiencia de Alicante revocó la decisión del juzgado de La Vila y ordenó “la continuación del procedimiento” contra los exculpados por la juez. Los siete imputados fueron detenidos en un largo operativo en noviembre de 2009. Tras varios meses en prisión, todos fueron saliendo en libertad condicional y con sustanciales rebajas en sus fianzas.