El 'caso Polop' se desvanece sin pruebas

La tarde del 19 de octubre de 2007, el entonces alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda (PP), llamó desde el teléfono fijo de su casa a una sauna de Benidorm, se aseguró que estaba trabajando un masajista caribeño y le hizo una visita para mantener relaciones sexuales. Luego acudió a una conferencia sobre el sida en su localidad, compró un par de pizzas en un bar y se marchó a cenar con la familia. Cuando aparcó a la puerta del garaje de su casa, situada en la pedanía de Xirles, al menos dos personas le dispararon antes de poder bajar de su vehículo. Una bala acabó alojada en su cerebro y el 27 de octubre murió en el hospital sin haber recuperado la consciencia.

El miércoles hará cuatro años de aquel suceso, pero el asesinato del alcalde polopino sigue sin resolverse y, lo que es peor, toda la investigación se ha desmoronado. El supuesto móvil urbanístico en el que se basaron las indagaciones ha sido borrado de un plumazo por la juez, que ha decidido archivar esta causa desgajada del sumario principal, que quedó reducida a la imputación del sucesor de Ponsoda en la alcaldía, Juan Cano, y de otro exconcejal por la compraventa de tres parcelas en un plan parcial, y a los manejos del ingeniero José Vicente Martí, contratado por Cano para el desarrollo del plan general urbano de Polop. Sin entrar en el fondo de los hechos, la juez considera que cualquier delito que hubieran podido cometer estaría ya prescrito. Ni la fiscal ni la acusación del Ayuntamiento han recurrido la decisión.

Ya no hay autores materiales y el móvil urbanístico ha desaparecido

Quedan cuatro acusados de conspirar para matar al regidor

El peso de la investigación del crimen de Ponsoda, que llevó a la detención de siete personas que hoy están en libertad, lo llevó la unidad de personas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un cuerpo policial de élite dedicado a la solución de aquellos homicidios que generan una especial alarma social. El capitán que dirigió la investigación durante casi tres años fue relevado, el móvil urbanístico abandonado y retomada la investigación de la vida privada del regidor asesinado. Pero el caso no deja de languidecer por la inconsistencia de las pruebas obtenidas.

Toda la acusación se basó en la declaración de un testigo protegido, un ciudadano portugués que reconoció haber sido mercenario en África de Gobiernos y guerrillas para los que mató. Este testigo compareció ante la Guardia Civil y la juez casi dos años después del crimen para desvelar unas reuniones en el reservado del club Mesalina de las afueras de Benidorm, donde su propietario, el gerente, el entonces edil de Urbanismo Juan Cano, un empresario del calzado y otras dos personas nunca detenidas ni identificadas (un hombre y una mujer rubia) habrían tramado acabar con la vida de Ponsoda por intereses urbanísticos. El delator confesó que le ofrecieron el trabajo, aunque se negó y dio los nombres de quienes finalmente fueron detenidos como supuestos responsables de ser autores materiales del asesinato. El testigo protegido aseguró que conocía los hechos porque trabajaba de portero en el Mesalina. Pero su declaración se produjo unos meses después de ser despedido y tras haber estado casi un año de baja laboral. Y la semana pasada declaró un nuevo testigo que le desacreditó, así que hoy nadie asegura que el caso no acabe archivado, al menos provisionalmente.

Las siete detenciones por el crimen no han conducido a su resolución. No han aparecido las pistolas con las que actuaron los supuestos sicarios, a los que no se ha podido imputar el asesinato, y nadie ha confesado su participación en los hechos. El supuesto móvil urbanístico no fue más que una teoría formulada al descubrir los investigadores algunos indicios de posible corrupción que resultarían comunes a otros municipios de La Marina Baixa. Hoy, los cuatro imputados que quedan -el exalcalde Juan Cano, el gerente y el dueño del club Mesalina, y un empresario-, acusados de la autoría intelectual del crimen, solo podrían ser juzgados por conspiración para el asesinato.

Las fuentes consultadas con vinculación al caso coinciden en señalar como un error que se abandonara demasiado pronto la línea de investigación que seguía los pasos de la vida privada de Ponsoda, cuyo rastro se pierde en las visitas que hacía a Valencia para tratarse enfermedades de transmisión sexual que contrajo en 1994 y 2007. De sus estancias en una pensión del barrio de Russafa y de los contactos que mantuvo con supuestos masajistas a los que contactaba a través de sus anuncios, apenas se sabe. Tampoco de sus aventuras sexuales en Benidorm.

Ahora, el actual alcalde de Polop, Gabriel Fernández, del PSPV, lamenta que con la investigación se haya "creado más problemas de desconfianza de los que han resuelto".