La privatización del agua moviliza a decenas de organizaciones sociales

Esta crisis deja huellas paradójicas: se nacionalizan bancos y se privatiza el agua. La segunda circunstancia afecta ya a más del 46% de la población española que, según los datos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, tiene el suministro en manos de empresas privadas o mixtas. Este porcentaje ya se está empezando a alcanzar en Andalucía y principalmente en Cádiz, donde se ha creado una plataforma provincial en defensa de la gestión pública. Decenas de organizaciones están dispuestas a dar batalla.

Casi la mitad de la población gaditana ya tiene privatizado o en vías de venta el servicio de agua, según la coordinadora que agrupa desde partidos políticos (salvo PP y PA) hasta sindicatos y asociaciones ecologistas y de consumidores, entre otras. En Jerez, donde ya hay hasta una treintena de colectivos contrarios a la venta de la sociedad municipal, han reunido más de 12.000 firmas para exigir un referéndum. En Madrid ya se ha celebrado uno con más de 167.000 participantes que votaron contra la privatización del Canal de Isabel II y en Italia, la defensa del agua como bien público se ha convertido en un fenómeno social de millones de seguidores.

El proyecto inicial de concesión completa del suministro de Jerez ha sido sustituido por uno mixto de participación pública y privada, como en Huelva, pero tampoco convence.

Los ayuntamientos buscan en la venta de todo o parte de las empresas de agua conseguir dinero que no está disponible en el mercado tradicional ni en las fuentes tradicionales de ingresos. En la mayoría de los casos añaden como argumento que la gestión privada es más eficiente que la pública.

Francisco León, miembro de la plataforma y de Aguas de Jerez, lo niega. “Solo buscan financiación rápida vendiendo una empresa que ha demostrado ser eficiente y rentable. Si no, no tendría compradores. La consecuencia es que suben las tarifas, que los beneficios revierten en las empresas privadas y no en el municipio, no se genera desarrollo tecnológico alguno ni se invierte en las redes ni se garantiza la transparencia”.

El representante de la coordinadora resume sus propuestas: no a la privatización, comenzar a rescatar las empresas vendidas y asegurar la eficacia y la participación ciudadana en las entidades que siguen siendo públicas.

Añade que una sociedad municipal incluye entre sus objetivos determinadas prestaciones sociales que la empresa privada desecha. Así, destaca como las empresas públicas garantizan el suministro en poblaciones donde la rentabilidad es menor o en épocas de sequía o a las familias que no disponen de recursos. León duda de que esta política sea mantenida por una empresa privada.

La coordinadora destaca también las repercusiones de las privatizaciones en los precios, que según sus cálculos han llegado a subir un 117% en algunas localidades, como San Fernando.

El concejal del PSOE de Huelva José María Benabat ha adelantado que el próximo pleno municipal abordará las cuentas de la empresa mixta de aguas y que, según sus datos, en el último año arrojó pérdidas por valor de 151.200 euros. “Pedro Rodríguez \[el alcalde\] ha malvendido una empresa que era patrimonio de todos los onubenses y que ha pasado de ser la joya de la corona de este Ayuntamiento, el único servicio que daba beneficios, a presentar pérdidas que ahora pagarán los ciudadanos con una subida más de las tarifas”, aseguró el edil.

En La Línea, el comité de IU ha lanzado un mensaje claro sobre los perjuicios medioambientales de una mala gestión de la que responsabiliza directamente a la empresa Aqualia pese al “pastón” que cobra. “Que nuestra ciudad en primavera en vez de a azahar huela a fecales, que en invierno en vez de a asfalto mojado huela a fecales, y que en verano nos bañemos en mierda… no es normal. Por más que nos quieran hacer pensar lo contrario”, afirma en un comunicado.

Antonio Figueroa, de Ecologistas en Acción, cree que se trata de un “tema social muy sensible” y complejo. Figueroa lamenta que pese a esta realidad, los responsables políticos no respondan a las iniciativas ciudadanas. “Desde enero hemos presentado alegaciones, pedido reuniones, presentado miles de firmas pidiendo un referéndum y preparado acciones judiciales. Lamentablemente, solo nos dejan el recurso de la calle”.

Los consumidores también tienen mucho que decir en esta cuestión. David Cifredo, de Facua, advierte que, en principio, su organización defiende la gestión eficaz, transparente y participativa, independientemente de la titularidad de la entidad que presta el servicio. Pero añade que “la experiencia desmonta el discurso de los ayuntamientos sobre la mayor calidad en los servicios y la gestión más eficiente de las empresas privadas”. En cualquier caso, comparte el rechazo a que la venta de empresas públicas “encubra” una financiación de los Ayuntamientos.

Los operadores públicos de agua, agrupados en Aeopas, defienden la necesidad de que el agua sea considerada como un derecho, destacan su enorme valor social y ecológico y rechazan que un bien de estas características convierta en una "mercancía". El gerente de Aeopas, Luis Babiano, defiende que le entidades públicas son más eficientes y esgrime un estudio del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada que avala esta afirmación. Añade que uno de los motivos que más le preocupa es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la administración y lo que eso supone en términos de democracia. Para Babiano si queremos conservar el "privilegio" de tener acceso al agua en calidad y en cantidad para cubrir nuestras necesidades, tenemos que afrontar, con valentía y transparencia, la asignatura pendiente de las nuevas infraestructuras -principalmente de depuración- y el precio del agua. Dadas las características del sector, "este reto sólo se puede afrontar desde la confianza de que el servicio se presta desde empresas públicas, eficientes y democráticas".