Barcelona deja en el aire hacer público el patrimonio de sus concejales

Desde hace cinco meses, un informe aguarda en los cajones de los grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona el momento de salir a la luz. El texto propone cuatro alternativas para hacer públicas la declaración de bienes de sus 32 concejales. A pesar de ser una promesa electoral de CiU y tener el visto bueno de todos los partidos, la iniciativa está postergada sine die. La transparencia puede esperar.

El Gobierno municipal llevó a la Junta de Portavoces de septiembre el punto “información sobre el registro de intereses”. PSC, PP, ICV-EUiA y UxB se mostraron a favor de la iniciativa “que refuerza la credibilidad en las instituciones democráticas” y acordaron solicitar un informe sobre cómo podía presentarse esa información. Recopilarla no era un problema, pues a la hora de tomar posesión los ediles tienen que declarar su patrimonio. Algunos han ido más allá. En campaña, tanto Alberto Fernández Díaz (PP) como Ricard Gomà (ICV) informaron de los suyos a los medios.

El estudio, del 20 de diciembre, explica cómo lo han hecho otras administraciones —Congreso de los Diputados, Ayuntamiento de Sevilla... — y propone cuatro formatos. Sin embargo, los tiempos no eran propicios. El informe llegó en medio de la polémica por las dietas que cobran muchos concejales de entidades como la Diputación, el Consejo Comarcal o el Área Metropolitana de Barcelona. La buena disposición de los ediles meguó.

En enero, los portavoces acordaron esperar a que los diputados del Parlament hicieran lo suyo, tras una propuesta de ICV en ese sentido. Pero el grupo parlamentario de CiU la diluyó dentro de una ley de transparencia nás amplia —aun en fase de borrador— que deja en el aire la información patrimonial.

“Es importante que el ciudadano sepa si los políticos se enriquecieron con su paso por el Consistorio, pero tampoco queremos exponer información que se preste para demagogia”, explica Joaquim Forn (CiU). Todos los grupos son conscientes de la importancia, pero saben de lo cruel que puede ser la opinión pública. “Es un tema complicado”, acepta Quim Mestre (ICV). La segunda prioridad más votada por los ciudadanos durante el proceso participativo del Programa de Acción Municipal (PAM) fue “garantizar la transparencia haciendo que los datos del Ayuntamiento estén a disposición de todos”, con un 66% de apoyo.