El dinero saqueado a la cooperación se desvió a cuentas en Estados Unidos

“Resulta insólito que para llevar a acabo un proyecto en Mauritania y en Camerún se precise de los servicios de una sociedad domiciliada en Estados Unidos”. La magistrada Nieves Molina, titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el fraude de las subvenciones de la cooperación, describe en el auto de febrero pasado que la trama creada en Valencia para desviar fondos de la ayudas de Cooperación desvió importantes cantidades de dinero a empresas ubicadas en el país americano. Dinero del que disponía libremente Augusto César Tauroni, uno de los 22 imputados por la juez, y el único que está privado de liberad desde el pasado 23 de febrero. Según la juez, la trama habría captado seis millones en subvenciones de cooperación. Y de ese dinero, "más de un millón y medio" se habría destinado a sociedades de Tauroni y de algunos de sus socios en España y Estados Unidos.

Molina decretó este jueves la apertura del secreto de las diligencias de investigación del caso. Una vez disponible el sumario, tendrán acceso a los miles de folios los 22 imputados. Entre ellos figuran varios cargos de la Administración, puesto que la investigación ha imputado a gran parte de la cúpula directiva de la entonces denominada Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes.

El subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, que fue subsecretario de la consejería de Blasco, y Josep María Felip, director general de Cooperación, fueron imputados en febrero pasado, y tuvieron que cesar de los cargos. Molina también imputó a Marc Llinares, en su día jefe de área de Cooperación, María Dolores Escandell, jefa del Servicio de gestión de Programas de Cooperación, y a Tina Sanjuán Ballesteros, secretaria general administrativa.

Según la juez que investiga la trama, las organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias de las ayudas transferían a los pocos días de recibir la subvención importantes cantidades de dinero a empresa radicadas en Estados Unidos. Por ejemplo, la ONG Asade África, dirigida por la imputada Christine Bernardette, envió en 2010 dos transferencias de casi 164.000 euros a la mercantil New Castle Consulting Corporation a través del Bank of America. Tauroni dispuso libremente de ese dinero.

Otra firma vinculada a Tauroni, Equipment Marketing, recibió dos transferencias de 415.000 euros y de 147.100, a cuenta de las subvenciones logradas por la Fundación Hemisferio, presidida por el propio cerebro de la trama.

Y otro ejemplo sería el de Esperanzas sin Fronteras, que envió dos transferencias por 103.718 euros a la firma Worlwide Human Resources y otras dos transferencias por 108.516 euros a la sociedad Quinto Centenario LLC. Según las investigaciones policiales, también detrás de estas sociedades estaría Tauroni.

Tras casi un año de investigación en secreto, puesto que la Fiscalía presentó la denuncia ante la juez en mayo de 2011, Molina firmó el 21 de febrero un auto de 22 folios que relataba el sistema por el que se pudieron sustraer millones de euros de los fondos de Cooperación y en el que se ordenaban diversas detenciones y registros.

En el auto se pone de manifiesto que “atendiendo a lo hasta ahora investigado, contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados, estudio o análisis de cuentas bancarias, indagaciones policiales e informes de los peritos”, material recopilado durante muchos meses, “se ha venido a confirmar la existencia de evidentes irregularidades” en la concesión de ayudas de la entonces denominada Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Blasco. El actual portavoz del PP no ha sido imputado por la juez.

Dinero para Nicaragua en pisos

Entre la irregularidades más destacadas, la juez Molina destaca que el presidente del Patronato de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), Marcial López, se benefició del dinero que se destinó a la ONG para dos proyectos en Nicaragua. Solo dos subvenciones concedidas a esta organización en 2008 sumaron 1.666.819 euros, pero, según el auto, “tan solo 43.000 euros se transfirieron a Nicaragua”. La juez estima, en base a los informes recabados, que “Cyes adquirió cuatro inmuebles en Valencia” por un importe total 969.875 euros, es decir, el 58% de las ayudas recabadas por esta fundación para destinar al tercer mundo se gastaron en inmuebles.

Pero no solo eso, según Molina, Cyes también “abono facturas por importes desorbitados” a una mercantil, Arcmed, “que por sus recursos materiales y personales, difícilmente pudo haber asumido y ejecutado los servicios facturados”. Además, Cyes también facturó con empresas vinculadas con el propio Marcial López.

Una firma aprovechada

Arcmed fue una de las mercantiles que se aprovechó reiteradamente de las ayudas al tercer mundo concedidas por Cooperación. Según la juez, de los cinco proyectos que consiguió Cyes en 2008, la mercantil habría facturado un total de 456.960 euros. Pero es que también facturó a otras ONG investigadas en el caso de la Cooperación. Por ejemplo Fudersa.

En el auto se explica que el administrador de Armed es Alfonso Navarro Torres, aunque según la investigación policial, “el verdadero administrador es Augusto César Tauroni”, puesto que poseía todas la participaciones de la mercantil.

Un imputado en prisión

Y es precisamente Tauroni el único de los 22 imputados que permanece en prisión desde que fue detenido el pasado 23 de febrero. Después de que prestara declaración ante Molina y Carrasco, la juez dictó que permaneciera en prisión comunicada y sin fianza.

Según la investigación Tauroni aparece en otras mercantiles vinculadas al fraude de las subvenciones,como Dinamiz-e, Avance o Desfa, y también sería el presidente de la Fundación Hemisferio, que según todas las investigaciones, sería la institución a través de la cual se orquestó todo el sistema para saquear las ayudas a los países del tercer mundo.

“Ha quedado constatado que éste [Tauroni] ha creado un entramado de sociedades a través de las cuales ha conseguido captar elevadas cantidades de dinero, utilizando para ello como meras entidades instrumentales las distintas ONG que han concurrido a las convocatorias públicas de la Administración autonómica”, explica la juez en el auto.

De hecho, se constatan nombres de diferentes imputados en las distintas firmas. Es el caso de Tauroni, Alonso Navarro Torres, Adolfo Soler Sempree o el abogado José Bollaín

Fudersa

La Fundación para el Desarrollo Rural y la Salud (Fudersa), presidida por Rafael Barrera Cuquerella, otro de los imputados, consiguió en 2009 ayudas para dos proyectos por las cantidades de 345.297 y 338.551 euros (683.848). Según la investigación, esta ONG habría destinado en dos transferencias de 76.733 y 72.110 euros a Armed (148.843 euros en total), es decir, casi el 22% de las ayudas. Fudersa también habría transferido otros 100.766 euros en otras dos transferencias a Dinamiz-e, es decir, casi el 15% de las subvenciones. Según la investigación, las empresas vinculada a Tauroni se habrían llevado así el 37% de las ayudas que Fudersa pidió para países en desarrollo.

Ceiba

Otra ONG beneficiada por Cooperación, Ceiba, logró en 2009 dos proyectos. Días después de conseguirla ayudas, la organización transfirió gran parte del dinero a las empresas de Tauroni. Del primer proyecto transfirió el 72% de la cantidad conseguida. Del segundo el 92%. Según el auto, sorprende que las empresas facturen por conceptos ajenos a su cometido, por ejemplo, una firma que hace trabajos informáticos factura por un estudio topográfico.

Un abogado imputado

La juez también imputó a un abogado vinculado a la trama. Se trata de José Bollaín, del despacho Avance Abogados, que era secretario de la Fundación Hemisferio, llamada Fundación Entre Pueblos hasta que cambió su nombre por coincidir con el de una veterana ONG. Y era a su vez apoderado de varias organizaciones beneficiarias de subvenciones, como Asamanu, Fudersa, Asade África, además de estar autorizado en las cuentas de Ceiba.