Lleida adelanta los controles de identificación de temporeros

Ni campamentos ilegales ni altercados callejeros. Las autoridades de Lleida no quieren que la próxima campaña de recolección de la fruta sea conflictiva y para conseguirlo han decidido adelantar los controles de identificación de temporeros, principalmente de extranjeros sin papeles, tanto en la ciudad de Lleida como en los pueblos de los alrededores.

La subdelegada del Gobierno central en Lleida, Inma Manso, ha anunciado estel jueves, tras una reunión con responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad (Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), que los controles comenzarán “de forma inminente” en la zona del Baix Segre y serán continuación de los que ya se están realizando desde hace un mes en el centro histórico de Lleida, donde la policía ha identificado a 100 personas, ha detenido a seis y ha formulado dos propuestas de expulsión. La actuación se extenderá también a las estaciones de autobuses y de trenes.

Manso teme que, como ha ocurrido otros años, se produzca una llegada masiva de inmigrantes en busca de trabajo en la recolección de la fruta. La situación puede ser especialmente conflictiva ya que la demanda de mano de obra necesaria para esta campaña ya está cubierta con trabajadores españoles y con contratados en origen. Manso recomienda que nadie acuda sin un contrato de trabajo.

Los controles de identificación serán llevados a cabo de forma conjunta por los Mossos d’Esquadra y El Cuerpo Nacional de Policía, que destinará cuatro patrullas especiales a vigilar las poblaciones fruteras de la subcomarca del Baix Segre (Alcarràs, Torres de Segre, Aitona, Soses y Serós), donde suele concentrarse un mayor número de temporeros al finalizar la jornada laboral. Los payeses reclaman que este nivel de vigilancia se mantenga todo el año.

El principal objetivo del dispositivo de seguridad que se desplegará en la zona es impedir los asentamientos ilegales, como el que se ha desmantelado esta semana en un almacén situado entre Torres de Segre y Alcarràs, ocupado en anteriores campañas por decenas de temporeros indocumentados.

“Intentaremos que no haya ningún asentamiento por una cuestión de dignidad de las personas, pero también para evitar elefecto llamada y que se acaben convirtiendo en un foco de conflicto social”, ha señalado Ramon Farré, delegado de la Generalitat. Farré ha pedido a los alcaldes de la zona un control de los horarios de cierre de los bares

Por otra parte, la Inspección de Trabajo realizará durante la campaña de la fruta 200 visitas planificadas a las explotaciones para evitar la contratación ilegal y garantizar la aplicación de las normativas laborales. El año pasado se hicieron 173 inspecciones y se identificó a 330 trabajadores españoles y a 892 extranjeros. Manso ha reconocido que hay inmigrantes que están dispuestos a trabajar a precios por debajo del convenio del campo, una práctica difícil de erradicar que supone competencia desleal.