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EL PLAN DE AJUSTE ANDALUZ

Los sindicatos tensan el diálogo con la Junta por el recorte de los salarios

La Mesa de la Función Pública aborda hoy el plan de ajuste del Gobierno

El Gobierno negocia con la presión de recortar otros 300 millones de euros

Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, ayer en la sede de UGT en Sevilla
Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, ayer en la sede de UGT en Sevilla

Los sindicatos más representativos y el Gobierno andaluz se verán este viernes las caras en la Mesa general de la Función Pública para negociar un plan de ajuste del Presupuesto andaluz que carga sobre los salarios de los empleados públicos gran parte del recorte de 2.500 millones de euros de las partidas de gasto. En esa reunión están convocados UGT, CC OO y CSIF, pero no el sindicato mayoritario en el sector de la Administración general, Safja.

Las centrales acuden a la reunión con caras de pocos amigos. Y no es para menos. Los sueldos de los empleados públicos se reducirán un 5% de media, las pagas extras de junio y diciembre se reducirán en un tercio, trabajarán dos horas y media más, las retribuciones variables se reducen, los premios de jubilación desaparecen, así como la ayuda social que los funcionarios percibían para, por ejemplo, comprarse unas gafas o los estudios de sus hijos. Todo para amputar 777 millones del Capítulo 1 del Presupuesto, el que se refiere a los gastos de personal.

El Gobierno andaluz de PSOE e Izquierda Unida ha optado por esta vía —junto con la rebaja de las inversiones y el aumento de la presión fiscal— como un mal menor, según dicen. O esto o los despidos de trabajadores y la privatización de los servicios públicos, como han diseñado otras comunidades como Cataluña y Castilla-La Mancha. O esto o la intervención, amenazan desde el Gobierno central, atenazado a su vez por Bruselas y por los mercados. Andalucía tendrá que cortar además otros 300 millones obligada por Madrid, según se este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La UGT no firmará ni muerta  ningún recorte salarial

Manuel Pastrana

Cuando el martes pasado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, presentó los recortes, los sindicatos lo acogieron con tibieza. Pero a 24 horas de que se vean las caras en la Mesa general de la Función Pública, los representantes sindicales han elevado la voz para que el Gobierno andaluz recorte más de otras partidas y “tenga una menor afectación para los trabajadores de la Junta”, en palabras del secretario general de CC OO, Francisco Carbonero.

¿Tiene margen la Junta para modificar su propuesta inicial? “Poco”, aseguró este jueves el vicepresidente de la Junta y coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas. Ese “poco margen” al que alude el vicepresidente de la Junta de Andalucía se utilizará en el trámite parlamentario, vía enmiendas, cuando el recorte del presupuesto llegue al Parlamento autónomo para su discusión.

La posición manifestada por los sindicatos CC OO y UGT era ambivalente. Por un lado, rechazaban los recortes de los salarios de los más de 260.000 empleados públicos de la Junta. Pero por otro expresaban su temor de que el Gobierno central rechazara el plan de reequilibrio de la Junta que desembocaría, llegado el caso, a la intervención de la comunidad. “Si el Gobierno no aprueba dicho plan, estaremos en una intervención de hecho o de derecho de Andalucía, que se sumirá en una situación de bloqueo económico de la comunidad, y que tendrá dificultades para pagar en los próximos días y semanas a los proveedores los pagos más elementales, al estar bajo las directrices del Estado”, advirtió el líder ugetista, Manuel Pastrana.

“No estoy de acuerdo,  pero con el PP, más de 40.000 trabajadores habrían ido a la calle”

Francisco Carbonero

Todo el interés de estos dos sindicatos era el de suavizar el impacto en los salarios de los trabajadores de la Junta. Tras la reforma legal del sector público, aprobada en la anterior legislatura por el Gobierno socialista, la representatividad tanto de Comisiones como de UGT cayó casi en picado en favor de los llamados sindicatos representativos, como CSIF, Safja y Ustea, que lideraron las protestas por la reordenación de un sector que afectaba a 23.476 trabajadores de empresas públicas a los que califican de “enchufados”. Las organizaciones que lideran Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, tras introducir algunas modificaciones, fueron las que sacaron adelante la ley cuya aplicación ha sido recurrida en los tribunales que han emitido tanto sentencias a favor como en contra.

Pastrana instó a la Junta a “incidir más en la reducción de ciertos gastos y reducir algunas partidas a lo estrictamente necesario” y advirtió: “Nos opondremos y no negociaremos cualquier intento de hacer recaer el plan de ajuste sobre los empleados públicos”. En la misma línea se manifestó Francisco Carbonero, quien tras manifestar su “rotundo” rechazo al plan de ajuste culpó al Gobierno central de estos recortes: “Sabemos que con un Gobierno del PP, más de 40.000 trabajadores del sector público habrían ido a la calle en Andalucía y los servicios públicos se habrían privatizado o vendido”.

UGT y Comisiones Obreras anunciaron movilizaciones de protesta pero no tanto por los recortes previstos por la Junta. Estas se celebrarán el día 22 de mayo, por los recortes en educación; el día 23 de ese mes, por la reforma laboral; y el 14 de junio, en defensa del sector público.

El que sí ha previsto un completo calendario de movilizaciones por el recorte salarial fue CSIF, que expresó su rotundo rechazo a que las medidas “unilaterales” del Gobierno andaluz “vuelvan a cargar sobre las espaldas de los empleados públicos”. Según los datos aportados por el responsable andaluz de CSIF, el poder adquisitivo de los empleados públicos ha disminuido un 21% en los dos últimos años por la subida del IRPF y las bajadas de sueldo de los Gobiernos andaluz y central.

El sindicato mayoritario en la Mesa sectorial de la Administración general, Safja, anunció acciones legales y “en la calle”. “Ya está bien, ¿No hay otro sitio de dónde recortar?”, aseguró el presidente de Safja, José Manuel Mateo. Esta central pone el acento en que el recorte salarial se hace a costa de funcionarios y personal laboral fijo que accedieron a la función pública por oposición para mantener el trabajo de unos 30.000 “externos que no han sufrido ninguna prueba selectiva”. Según sus datos, las nóminas para pagar “a esta gente” ascienden a 1.045 millones al año.