Lenguaje y acusación

La alcaldesa de Valencia ha decidido tomar la palabra y hacerlo con trazo grueso, no podía ser de otra manera. Ella quiso liderar “la contra” al 15-M y no le ha salido gratis.

Cambió la ubicación de un espectáculo pirotécnico –usar el término “mascletá” solo pretende ubicarlo de forma natural, “sinápticamente”, en la Plaza del Ayuntamiento-, pero todos sabemos como se hacen, como se preservan/vigilan/protegen y a que hora se disparan.

No contenta con esta formulación hace una rueda de prensa en la que utiliza el verbo “robar”. Robar, sustraer, llevarse, hurtar, ¿cuál de ellos es el correcto? La alcaldesa no sabe que es la “desambiguación”, creo, vaya, pero si que sabe lo que es ambiguo, y lo utiliza, lo emplea, lo maneja.

En términos de lo acaecido, los manifestantes del 15-M se pudieron “llevar unos petardos”, pudieron “sustraer unos petardos”, pudieron “hurtar unos petardos”, pero para ella, “robaron material pirotécnico”.

Solo “hurtar” y “robar” tienen implicaciones legales, y la diferencia está en el límite del importe de lo sustraído, siempre y cuando el sustractor sea el mismo.

Barberá no sabe a cuánto asciende el valor del material sustraído, no puede por tanto establecer si es un hurto o un robo. Sorprende este desliz cuando de forma habitual y familiar está perfectamente asesorada en cuestiones legales.

No sabe si el sustractor fue el mismo o varios y distintos, es decir, si alguno de los actuantes acumulaba material por el suficiente valor para que su acción fuera declarada “robo” en lugar de “hurto”.

Si que sabe que la sustracción la hicieron “individuos” pero ella criminaliza al movimiento. Esto tiene dos vertientes: de un lado logra su objetivo, criminalizar el15-M; de otro, se libra de la justicia porque imputa un delito a una persona jurídica que no existe. En otras palabras, imputar un delito no existente, es delito, pero lo imputa a alguien que no existe, por lo que se salva de delinquir. Aquí el asesoramiento legal le ha funcionado bien.

Eso no está bien, pero lo que falta es lo peor.

La Guardia Civil debe controlar el transporte de explosivos y su deflagración, atestando que todo el material que tenía permiso para transportarse efectivamente se ha utilizado.

Además, esta es una competencia transferida a la Consejería de Industria, hoy Economía e Industria, que debe arbitrar y disponer todo el dispositivo de transporte y deflagración, así como la certificación de los hechos.

El capricho y ocurrencia, una más, de Barberá, pone a los pies de los caballos a la Guardia Civil y a la Consejería de Economía e Industria. ¿Lo había previsto? ¿Sabía bien lo que hacía? ¿Calculaba el alcance de sus extravagancias?

Rita Barberá ha puesto en un brete a la Delegación del Gobierno, a la Comandancia de la Guardia Civil, al Gobierno Valenciano y en concreto a la Consejería de Economía Industria y Comercio. ¿Tiene previsto disculparse?

Además ha imputado delitos, sin saber si se han producido a personas jurídicas inexistentes, todo por ganar un terreno y tomar una iniciativa que ni le corresponde ni tiene talento bastante, como se ha probado, para hacerlo.

Juan Ferrer, exconcejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia.