Cuatro reflexiones

1ª. En 2007, cuando comenzó la crisis, España no solo no tenía déficit sino que sus cuentas públicas habían arrojado superávit durante tres ejercicios presupuestarios seguidos, algo que se producía por primera vez en el periodo democrático. Su deuda pública, el 36% del PIB, era la mitad de la deuda alemana y una de las más bajas de la UE. A todo ello hay que añadir que el gasto público derivado del todavía raquítico Estado del bienestar español estaba muy por debajo del que le correspondería por su nivel de riqueza, a una enorme distancia de la media de la UE-15 y a distancias siderales de los países más avanzados. Así pues, es evidente que el déficit público no ha sido el desencadenante de la crisis que atraviesa el país y no es el principal problema de la situación crítica que vive España. Nuestro principal problema es el endeudamiento privado, el triple del público, que afecta a bancos, empresas y familias, así como la bajada de ingresos públicos como consecuencia de la caída de la actividad económica, los regalos fiscales, la economía sumergida y el fraude tributario. Pero en vez de abordar prioritariamente estos problemas, los gobiernos sucesivos, especialmente el del PP, han optado por el recorte drástico del gasto público (inversiones y gasto social) que está llevando a la sociedad española a una grave depresión, a la recesión económica y a la profundización de la crisis cuyos devastadores efectos se hacen recaer sobre la mayoría social que no la ha provocado. No estamos, pues, ante un proyecto político para salir de la crisis, sino ante una opción ideológica que aprovechando aquella pretende cambiar el modelo de sociedad y abatir los logros sociales conquistados a través de un largo y difícil proceso civilizador.

2ª. Al calor de la explosión del caso Bankia ha surgido un amplio coro ultraliberal que atribuye la causa de este desaguisado a la perniciosa intromisión de la política en la gestión de determinadas entidades financieras. Es cierto que algunos Gobiernos (Madrid, Valencia o Castilla-Lla Mancha) han utilizado a las cajas de ahorro como instrumentos de especulación inmobiliaria y de clientelismo político, con una gestión muy alejada de la profesionalidad. Pero una cosa es denunciar esas prácticas y otra muy distinta pretender que el sistema financiero permanezca al margen de todo control y regulación política, que es lo que pretenden, aprovechando la situación, nuestros entusiastas neoliberales. Conviene, pues, recordarles que los directivos del Lehman Brothers, cuya caída fue el detonante de la crisis que nos asuela, no habían sido nombrados ni por el Gobierno Federal ni por el Congreso de Estados Unidos. Eran expertos financieros, desde luego, pero sobre todo eran expertos en el fraude, la estafa y la especulación. No debería olvidarse tampoco que a mediados de los años 80 fue necesario sanear con dinero público todo el sistema financiero español, dirigido por eximios expertos en el negocio bancario, pero que llevaron a la quiebra a sus entidades sin que ningún perverso político hubiese interferido en su brillante gestión. Lo mismo podría decirse del famoso caso Banesto, y los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. Así pues, gestión profesionalizada del sistema financiero si, regulación y control del mismo para subordinarlo al interés general, también.

3ª. En una democracia que se precie no puede cerrarse un caso como el de Bankia sin que se depuren las responsabilidades políticas, y eventualmente judiciales, que correspondan. Es cierto que el gobernador del Banco de España conocía perfectamente la situación de nuestro sistema financiero y miró para otro lado. Pero reducir la responsabilidad de lo que está pasando a la inacción de Fernández Ordoñez, como pretende el PP, sería un fraude político. Por eso es imprescindible una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que aclare el origen, las causas y el desarrollo de la crisis de Bankia. Comisión de investigación ante la que deberían comparecer entre otros muchos el presidente del Gobierno, el ministro de Economía, el gobernador del Banco de España, los señores Blesa, Rato y Olivas, sucesivos gestores de Caja Madrid y Bancaja y, desde luego, Esperanza Aguirre, Zaplana y Camps que los nombraron.

4ª. En este contexto, Feijóo debe decidir cuál es su propuesta para Novagalicia, ante la que se abren tres posibilidades. La primera, que el capital extranjero se haga con el banco y, por tanto, los centros de decisión se sitúen fuera de Galicia. Lo que sucedió en su día con Fenosa o recientemente con el Banco Pastor es suficientemente elocuente. La segunda opción consiste en subastar a precio de saldo y que la mal llamada nacionalización no sea más que una desamortización. Ambas soluciones liquidarían definitivamente la posibilidad de que Galicia disponga de un sector financiero propio, lo que supondría una verdadera catástrofe tanto política como económica para el país. Finalmente, teniendo en cuenta que el FROB es hoy ampliamente mayoritario en Novagalicia, Feijóo debería exigir a Rajoy la propiedad y el gobierno de la entidad, convirtiéndola en un banco público gallego. De lo contrario, el presidente de la Xunta, que presumió en su día de haber sido el impulsor de la mayor operación financiera de la historia de Galicia, deberá reconocer su estrepitoso fracaso y su falta de liderazgo.