Imputado un alto cargo del Consell por prevaricación en el ‘caso Nóos’

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, imputó el lunes en Valencia por un delito de supuesta prevaricación a dos nuevos cargos del Consell. Se trata de Luis Lobón, actual secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, que fue director general de Grandes eventos en 2004, y María Ángeles Mallent Añón, exletrada jefe en aquellas fechas de la empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), dependiente del Consell, cuando se celebró el primer certamen Valencia Summit. Este evento fue organizado por el Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, y financiado por CACSA y la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau. Estas dos instituciones contrataron tres ediciones del congreso, por las que pagaron un canon de 900.000 euros anuales, además de unos gastos de 350.000.

La fiscalía, que ha pedido la imputación de Mallent junto a las acusaciones, entiende que puede ser responsable de un delito por no hacer los informes jurídicos sobre la necesidad y utilidad pública de contratar con Nóos y sobre los procedimientos a seguir. A priori, la falta de estos informes podría demostrar que la contratación de la firma de Urdangarin se hizo a dedo sin que hubiera ninguna justificación para emplear un procedimiento de urgencia.

Entre los imputados de CACSA figuran Jorge Vela, director del Instituto Valenciano de Finanzas que fue director general de la empresa. Es hermano de José Manuel Vela, actual consejero de Hacienda. También está imputado su antecesor en el cargo, José Manuel Aguilar. Y Elisa Maldonado, exdirectora de operaciones de CACSA, ahora gerente del Museo Picasso de Málaga.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, tomó declaración a 14 testigos en la sede de la Ciudad de la Justicia. Las declaraciones que se practicaron en Valencia están relacionadas con la participación de la Fundación Nóos, y otras mercantiles, en la celebración de Valencia Summit en los años 2004, 2005 y 2006, así como con el proyecto de Juegos Europeos. La causa está abierta por los supuestos delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental.

La investigación del caso comenzó en la primavera de 2011 y en agosto se declaró secreto el sumario. Pero en diciembre pasado se levantó. Esta pieza es la número 25 del conocido como caso Palma Arena y los delitos por los que está instruyendo la causa son por supuesto fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental.

Hasta la fecha han declarado en el caso unas 70 personas y quedan pendientes otros 20 testimonios. Esta pieza separada tiene 17.0000 folios

La larga jornada de comparecencias en calidad de testigos arrancó con el expresidente del Valencia CF Francisco Roig. Y a él le han seguido el presidente del Villarreal, Fernando Roig, y otro exdirigente del Valencia, Juan Bautista Soler. En su anterior comparecencia ante el juez reconocieron haber pagado a la firma del Duque de Valencia. Y reconocieron que lo hicieron porque en ella figuraba Iñaki Urdangarin.

Tras su declaración, Francisco Roig aseguró a los periodistas que se ratificó en su comparecencia anterior en relación con esta causa. Preguntado por los medios por si se arrepiente de algo, dijo: “En la vida solo me arrepiento de no haber dejado de fumar, y ahora ya no fumo”.

El segundo en comparecer fue el presidente del Villarreal, Fernando Roig: “Lo que he dicho lo sabe el juez, lo conoce perfectamente. No voy a hacer ningún comentario más y ruego que respeten el día de dolor que llevo”, en referencia al descenso del club. En una anterior declaración ante la Policía Judicial y fiscal, Fernando Roig explicó que entró en contacto con Nóos para pedirle un informe, estudio y colaboración para buscar una esponsorización del campo de fútbol. En 2007 pagó 600.000 euros por un informe de apenas 13 páginas.

Dirigentes del Villarreal y Valencia pagaron porque estaba Urdangarin

El tercero de los empresarios que compareció fue el también expresidente del Valencia Juan Bautista Soler, quien únicamente quiso decir que está “muy tranquilo”.

Por la tarde, en esta maratoniana jornada de declaraciones, le tocó el turno a Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, en calidad de responsable de la fundación Turismo Valencia Convention. El número dos de Rita Barberá dijo a la salida que el juez le pidió información adicional sobre si la fundación municipal tenía otras actividades promocionales además de la realizada con Nóos. “Se la enviaremos y seguiremos colaborando con el magistrado”, comentó. Grau reiteró que se abortó una cuarta edición del Valencia Summit, la de 2007, porque Urdangarin ya no aparecía al frente del instituto. A la pregunta de si fue caro, el edil respondió que dadas las personalidades invitadas le parecía “un coste ajustado”.