La parálisis de la Sogama del sur amenaza el plan de residuos

El proyecto privado para la macroplanta de basuras que iba a complementar a Sogama está congelado, sin que sus protagonistas confirmen si se da por descartado. La Xunta ya está buscando otras alternativas por si Estela Eólica, tercera adjudicataria del concurso del viento, da marcha atrás en su plan industrial. “No tenemos constancia de que hayan renunciado al proyecto”, aseguran en la Consellería de Medio Ambiente, pero insisten en que están preparando un plan bporque “es lo más responsable si [el proyecto de Estela Eólica] no sale adelante”.

El Plan de Residuos 2010-2020 aprobado por la Xunta contempla que en el horizonte del 2015-2017 Galicia tiene que resolver su grave problema de tratamiento de basuras. Sogama, que en su momento permitió terminar con una lluvia de vertederos ilegales, gestiona, principalmente con incineración, el 80% de los desperdicios que se generan, pero el coste de transporte y la saturación del complejo hacen necesaria una segunda planta en el sur de Galicia. No obstante, la Consellería asegura que las instalaciones de Cerdeda podrían ampliar su capacidad de tratamiento desde las 500.000 toneladas actuales a 900.000. “Aunque no hemos cerrado nada al respecto esa es una de las alternativas”, aseguran en la Xunta.

Respecto a Estela Eólica, cuyos mayores accionistas son un fondo de inversión del Banco Santander y el grupo familiar Aciturri presidido por el empresario Ginés Clemente, del sector aeronáutico, ni confirma ni desmiente nada. En el plan industrial que en su día presentó ante la Consellería de Economía para conseguir 333 megavatios del concurso del viento incluía una inversión de 287 millones en el periodo 2011-2013 que no ha comenzado a realizar. Esa inversión, condicionada a una subvención del 30% del capital, establecía que el 58% de los ingresos del negocio vendían de un canon del que no se aclaraba nada, ni quién lo pagaría ni por qué. Aún así el departamento que dirige Javier Guerra aceptó el proyecto en su totalidad, con la previsión de crear 498 empleos indefinidos y adelantar a 2013 la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento, dos años antes del plazo exigido por Medio Ambiente.

Tampoco las cuentas incluidas en el programa de negocio, que reflejaban un gasto de personal de 1,3 millones de euros, fueron un problema para la Consellería de Economía, pese a que arrojaban un salario medio anual imposible, de apenas 2.649 euros por trabajador. Ese plan industrial, pensado para levantar una planta de tratamiento con generación termoeléctrica de 50 megavatios en Dozón (después se trasladó su ubicación a O Irixo), fiaba la mitad de la inversión, 143 millones, financiación externa, posible préstamos bancarios. Además del Banco Santander, en el conglomerado empresarial que respalda a Estela Eólica está la antigua Caja de Ahorros de Burgos, hoy integrada en Banca Cívica.

El alcalde de O Irixo, un pueblo que se levantó contra la incineradora, tampoco sabe nada de la inversión. Manuel Penedo confiesa que hace tres meses que no logra ponerse en contacto con los promotores.

La oposición de la comarca fue generalizada cuando se supo de la existencia del proyecto. Colectivos ecologistas, vecinos e incluso dirigentes del Partido Popular forzaron a que la propia Xunta se replantease la ubicación. “Si hay alcaldes que no la quieren, hay otros que sí”, llegó a decir el presidente, Alberto Núñez Feijóo. Pero la Consellería de Medio Ambiente solo ha dado el visto bueno a O Irixo como localidad destinataria de las obras porque Estela Eólica no ha requerido de ningún otro permiso para comenzar.