Los habitantes de O Irixo se organizan para hacer frente a la planta de basuras

Cuando el 5 de diciembre, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, anunciaba que O Irixo acogería la nueva planta de tratamiento de residuos de Galicia, la mayoría de vecinos del municipio lo desconocía. Y cuando se enteraron, buena parte de ellos no sabía de qué se trataba. Dos semanas después la situación ha cambiado y la aparente calma con la que inicialmente fue recibido el anuncio ha dado paso a protestas, pancartas y enfrentamientos. El colegio del pueblo acogía hace una semana una reunión informativa de la coordinadora vecinal Incineradora no Irixo Non. Las expectativas fueron superadas: unos 250 de los 2.000 habitantes del municipio asistieron a las explicaciones que ofrecieron los promotores de la iniciativa. Unas 400 personas ya se han adherido a la plataforma. Vecinos, asociaciones ecologistas o políticos pasan a la acción.

La coordinadora pretende funcionar como un muro contra la planta promovida por Estela Eólica, adjudicada por la Xunta sin concurso público y aplaudida por el alcalde, Manuel Penedo (PP). La plataforma asegura que Penedo miente cuando dice que la mayoría del pueblo está de acuerdo, incide en que falta información, denuncia que el regidor no les coge el teléfono y reniega de la planta porque contaminará la comarca. Recalca que la iniciativa es apolítica y que muchos de los vecinos son votantes de las seis mayorías absolutas consecutivas que acumula el regidor.

La plataforma exige una reunión con el alcalde, pide que se haga un referéndum e insiste en que el acuerdo entre la empresa y los comuneros propietarios de la zona donde se instalará es ilegal: recibirán 75.000 euros al año por el alquiler de terrenos durante tres décadas.

Lo cierto es que la mancha de críticos con la incineradora ya se extiende por más de 10 parroquias de O Irixo y por otros municipios adyacentes como Carballiño, Piñor de Cea, Lalín o Dozón, estos dos últimos, gobernados por el PP. Y las consecuencias han llegado incluso a la corporación. Manuel Cardedo, concejal y número cuatro de la lista del PP en las últimas municipales, ha renunciado a su acta de edil. Reside en la parroquia de Loureiro, una de las más activas del frente opositor, y quiere evitar el enfrentamiento directo con sus vecinos. ¿Y por qué los parroquianos de Loureiro se oponen frontalmente a la planta? En ese pueblo existe desde 1966 la cooperativa Santa Mariña de Loureiro, que produce leche y derivados de lácteos de forma tradicional y ecológica. Y la vida se les va en ello: "Si ponen eso aquí, van a cerrar la cooperativa, ya que venden productos con etiqueta ecológica y con el basurero al lado, no podrá ser así", asegura Carlos González, uno de los vecinos de ese pueblo. Él trabaja en un parque eólico cercano, pero buena parte de la economía de sus amigos y vecinos depende de esa cooperativa, de la que viven directamente unas 80 familias.

"El alcalde está engañando a los vecinos con los puestos de trabajo", asegura Alberto González, portavoz de la coordinadora. Muchos ponen en duda el argumento laboral. No es la primera vez que anuncian una lluvia de empleos para el pueblo gracias a una inversión en el municipio que luego se queda en nada. O Irixo acoge una base de mantenimiento de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Cuando se acordó la ubicación, aseguraron que contratarían a 40 personas del pueblo, pero la realidad es otra. "El trabajador de la base que reside más cerca de O Irixo es de San Amaro

y los demás viven en Ourense o Santiago", asegura un empleado.

Uno de los activistas más contundente es el párroco de Loureiro, Antonio González, que convencía a los asistentes a la reunión informativa asegurando que quieren "vivir del trabajo en la tierra y no de esa basura". Acaban de iniciar una recogida de firmas y se desplazan por los domicilios de vecinos con problemas de movilidad para informarles de cómo funciona una planta basurera. Anuncian movilizaciones ante su Ayuntamiento y también frente a la Consellería de Medio Ambiente, que tutelará el proyecto gracias a la nueva ley de Política Industrial, la cual elimina trabas ambientales y concede el control urbanístico de la obra a la Xunta.