Vila-real aprobó pagar 600.000 euros a una firma acusada de financiar al PP

El anterior equipo de gobierno de Vila-real encabezado por Juan José Rubert (PP) autorizó poco antes de abandonar la alcaldía, que perdió en las últimas elecciones, que una entidad bancaria adelantara a la constructora Piaf, SL, una de las firmas investigadas en la presunta causa de financiación irregular del PP valenciano (caso Gürtel), el pago de casi 600.000 euros en facturas “irregulares”. El actual alcalde, el socialista José Benlloch, denunció este jueves públicamente que tras una auditoría y 10 meses de investigación han concluido que hay hasta 36 facturas “irregulares, no acreditadas por ningún técnico y sin firma” por este importe. Todas atribuidas a la firma castellonense, declarada ahora en concurso de acreedores.

Benlloch llamó la atención sobre el hecho de que la mitad de este importe se autorizara justo un día antes de su toma de posesión. “El equipo de gobierno, un día antes del traspaso de poderes y estando en funciones, cedió un crédito para pagar estas facturas irregulares, y ahora la entidad nos reclama el pago”, dijo. Gracias a esta autorización, que se conoce como cláusula de endose, la firma cobró del banco más de 277.000 euros.

Tras una investigación, el regidor ha conocido que se trata de facturaciones por trabajos que no han podido ser acreditados. “Lo hemos notificado a los responsables y nadie nos lo acredita, por lo que el gasto no está demostrado”, dijo. Se trata de extractos que aparecen con el cuño de alcaldía pero sin ninguna firma. En otros casos, Benlloch habla de pagos por trabajos realizados por técnicos o funcionarios del propio Ayuntamiento pero atribuidos a Piaf. El resto, casi 300.000 euros, corresponde a una factura por el fin de obra de la rehabilitación de la comisaría de la Policía Local. “Algo que es falso, porque la obra no se ha recepcionado aún”, dijo.

El alcalde de Vila-real anunció que anularán el reembolso al banco si en el plazo de 10 días los afectados no justifican estos importes.

El PP atribuyó a Piaf trabajos que hicieron trabajadores municipales

Desde que José Benlloch (PSPV) tomó posesión como nuevo alcalde de Vila-real el equipo de gobierno se ha afanado con los pagos pendientes y en la investigación de las facturas dudosas. En octubre, el edil de Hacienda anunció que se estaban detectando peticiones de cobro por trabajos que no se habían realizado. Ahora se ha cerrado el expediente por las facturas de Piaf, pero el alcalde asegura que hay otros seis expedientes abiertos. “Tras una auditoria y otras investigaciones hemos acreditado que esto es una realidad y no podemos dejarlo pasar”, dijo ayer Benlloch.

Así, en cuanto al expediente ya cerrado, habló del endose al banco de 277.000 euros en facturas el 10 de junio de 2011. Ese mes se pidió al técnico municipal y al concejal del PP encargado del área que acreditaran estos trabajos. “Se han negado a firmar”, dijo.

El alcalde encargó entonces un informe a la tesorería que ha concluido que parte de los trabajos facturados a la firma castellonense no fueron ejecutados por ella, sino por trabajadores del propio Consistorio. Parte de estos conceptos se incluyeron en la cláusula de endose autorizada el día antes del relevo en la alcaldía.

Vila-real anulará la devolución de los 600.000 euros si no se justifican las facturas

También en el caso de la rehabilitación de la comisaría de la Policía Local se han detectado “irregularidades”. En este caso, el importe es de casi 300.000 euros plasmados en un recibo fechado el 13 de mayo de 2011, poco antes de las elecciones municipales. Con ella, Piaf reclama el cobro en concepto de certificación última y liquidación de la obra en un recibo con cuño de alcaldía pero sin firma. Tres días después, el exalcalde del PP, Juan José Rubert, firmó la cláusula de endose para que Piaf cobrara por medio de un crédito bancario.

La investigación de esta factura también ha sido concluyente. “El arquitecto municipal nos dice que no existe la citada certificación porque la obra no ha finalizado”, destacó.

En total, este expediente iniciado por todos estos conceptos ha desvelado pagos por 600.000 euros. “La entidad bancaria nos los reclamó con el real decreto de pago a proveedores, pero lo hemos rechazado”, apuntó. La intención del equipo de gobierno es anular todas estas facturas. Para ello ha trasladado el expediente a las partes implicadas (la empresa, el banco y el anterior equipo de gobierno) para que en 10 días presenten alegaciones o puedan justificar alguna de ellas. Benlloch aseguró que una vez pasado el plazo firmará un decreto para anular la devolución de estos 600.000 euros.