Un parque industrial en Vigo que costó 104 millones solo tiene una empresa

Acostumbrada a que le quiten de las manos el suelo industrial que ofrece, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo se encuentra ahora con el problema inverso por primera vez en su historia. El organismo que desde hace un par de meses preside Teresa Pedrosa tiene disponible un parque industrial de un millón de metros cuadrados situado en Nigrán, a 15 kilómetros de Vigo y a 25 de la frontera con Portugal, que por el momento solo ocupa una empresa auxiliar del automóvil. Otras cuatro han reservado parcelas para construir sus naves.

La institución dependiente del Ministerio de Economía ha invertido 104 millones en el desarrollo del suelo en una zona muy complicada por su cercanía a la costa que, tras varios años de gestiones, cuenta por fin con todas las infraestructuras que necesita cualquier industria (redes de gas, eléctrica, recogida de aguas, telecomunicaciones). En una zona lateral del polígono se han construido 40 naves bioclimáticas dotadas con los mejores adelantos que tras meses a la venta no han conseguido más que un único inquilino. Tienen sistemas que ahorran gastos de electricidad, minimizan el impacto acústico y ayudan al aprovechamiento de residuos metálicos. Zonas ajardinadas con especies autóctonas actuarán pronto como barreras naturales en un espacio que se concibe como “una verdadera ciudad del trabajo a la medida de las personas”, tal y como consta en su publicidad.

El organismo recibirá este verano otros dos edificios de 16.000 metros cuadrados, que también tendrá que comercializar en un contexto de crisis profunda. La creación de sociedades mercantiles, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, ha caído un 6% en Galicia. Al mismo tiempo, se multiplican los concursos de acreedores en los juzgados: en el primer trimestre de este año se dispararon un 27% en la provincia de Pontevedra.

Pedrosa reconoce que la finalización de Porto do Molle, nombre con que se ha bautizado el parque, les ha pillado en un momento complejo. “Los parques empresariales tienen un desarrollo largo, de años”, dice para explicar que hay poco margen a la hora de aventurar su puesta en funcionamiento. Reconoce que el Consorcio de la Zona Franca no se puede ajustar a las reglas del mercado como si se tratase de un operador privado porque la institución está sometida a la ley de Patrimonio. Los precios de venta tienen que garantizar el retorno de la inversión y las parcelas deben adjudicarse tras un concurso público sujeto a numerosos requisitos para los aspirantes.

Un millón de euros es lo que cuesta cada una de las naves de 1.000 metros. En alquiler la tarifa es de tres euros por metro cuadrado. “En otros momentos había colas para instalarse en cualquier parque de Zona Franca”, recuerdan desde la institución.

En cualquier caso las modalidades de venta de parcelas industriales, arrendamiento de naves modulares y arrendamiento con opción de compra no convencen a los emprendedores. Pronto habrá un Centro de Iniciativas Empresariales para microempresas de menos de diez trabajadores. La multinacional Snop, dedicada a la fabricación de componentes metálicos para la industria de las cuatro ruedas, por ahora sigue siendo la única aventurera.