Dos proveedores del Palau donaron 775.000 euros a Convergència

Dos empresas que recibieron grandes cantidades de dinero del Palau de la Música por trabajos ficticios entregaron a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) un total de 775.000 euros en concepto de "donación". Así lo recoge el informe que el administrador concursal de las dos sociedades —New Letter y Letter Graphic— envió hace dos semanas al juez que investiga el desfalco de la institución musical, Josep Maria Pijuan. Las dos empresas, dedicadas al buzoneo y el montaje audiovisual, son proveedoras habituales del partido nacionalista. Según han acreditado los investigadores del caso Palau, ambas facturaron entre 2007 y 2009 alrededor de un millón de euros a la institución musical. Esos trabajos se cobraron, pero ha quedado acreditado que jamás llegaron a realizarse. La investigación considera que en realidad las empresas fueron utilizadas como tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro.

Tras declararse en concurso de acreedores, un administrador tomó las riendas de New Letter y Letter Graphic, y descubrió diversas “irregularidades contables” e “importantes salidas de dinero de forma injustificada”, según un informe policial encargado por el juez para seguir el rastro de 18 millones de euros que Fèlix Millet y Jordi Montull, saqueadores confesos del Palau, retiraron de entidades bancarias. El administrador compareció en el juzgado y ha puesto a su disposición un informe detallado sobre la existencia de un “entramado” a través de esas dos sociedades.

El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que la “mecánica establecida” entre esas dos empresas y su matriz, Mail Rent, tenía como “destino final” el pago de 775.000 euros que aparecen bajo una anotación contable: “Donaciones CiU”. Esos pagos quedan recogidos en los registros contables de las tres sociedades, añade el documento.

La trama cobró 1,3 millones cuyo destino no quedó acreditado

Otras irregularidades detectadas por el administrador apuntan en la misma dirección: la posible financiación irregular de Convergència a través del Palau. El informe destaca que las empresas usaban dos criterios distintos de facturación “dependiendo del cliente”. Cuando los trabajos corresponden a clientes convencionales, los cobros son de escasa cuantía —“una media de 1.000 euros”, según el informe— y están perfectamente detallados: “Manipulado, informática, artes gráficas, logística....”. Cuando el cliente es la formación nacionalista y entidades relacionadas con CDC, las facturas son “de importes elevadísimos, decenas o cientos de miles de euros”, y están definidas de forma muy genérica bajo el epígrafe de “varios”.

Una de esas entidades es “federación Convergència i Unió (CiU)”, a la que se facturan servicios por un importe de 804.563 euros, una cantidad muy similar a la que las empresas donaron a la formación nacionalista. Los otros clientes especiales son: la Fundación Forum Barcelona, una agrupación de debate asociada a miembros de CDC de Barcelona (65.000 euros); la Fundación Orfeó Català (847.055 euros); la Fundación Ramon Trias Fargas, ligada a CDC (81.573 euros); Coalició per Europa, la marca con la que CiU y otras formaciones concurrieron a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 (458.226 euros); la constructora Proinosa (103.800 euros), y Unitat per les Illes, una coalición de partidos de Baleares entre los que está Unió Mallorquina (15.827 euros). En total, las facturaciones suman 2,3 millones de euros entre 2007 y 2009.

La oposición exige a Mas que explique la financiación de CDC

Estos beneficios generaron un fuerte “impacto positivo” en las dos empresas. Para compensarlo y pagar menos impuestos, sigue el informe, se instrumentó una “operativa” de forma que Mail Rent facturó a sus filiales 1,8 millones por “alquileres de maquinaria” que jamás se materializaron.

El informe destaca, además, que las empresas acumulaban cobros por 1,3 millones en un registro bajo el concepto de “deudores” sin que pueda detallarse su origen ni destino. Los importes del epígrafe constan “sin nombre, sin número de identificación fiscal, sin domicilio y sin documento alguno que ampare las cantidades pagadas y permita conocer el destinatario final de esos importes”. El administrador cierra el círculo al sostener que esa cuenta de “deudores” tiene una clara “conexión” con la cuenta de “donaciones CiU”.

Las empresas operaban con “cantidades importantes de dinero en efectivo”, lo que facilitaba movimientos de tesorería “sin dejar rastro” de determinados pagos. Esta práctica, concluye el administrador, está “alejada de los usos habituales y de la ortodoxia empresarial”, ya que “niega transparencia y seguridad en el tráfico de las operaciones”.

El informe remitido por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona a Pijuan abre nuevas vías que acreditarían los pagos a CDC. El juez y el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled, tirarán a partir de ahora de ese hilo después de que el informe sobre los 18 millones retirados en cheques no haya dado el resultado esperado. Ese dinero supone más de la mitad del monto total que, supuestamente, fue desviado por Millet y Montull. Los agentes esperaban que alguna de las personas que cobraron esos talones fuese el nexo con CDC, pero la investigación se ha visto dificultada por la opacidad de los bancos. La policía, pese a todo, sostiene en su informe que “sospecha” de la financiación irregular y considera que las revelaciones del administrador avalan eta tesis.

La oposición, por su parte, cargó ayer en bloque contra Artur Mas y exigió explicaciones a CDC por su supuesta financiación irregular. El PSC instó al presidente de la Generalitat a que diga públicamente si mantiene la “palabra de honor” que dio en agosto de 2010 de que no ha habido financiación irregular de su partido a través de esa entidad cultural. “Las informaciones periodísticas y las conclusiones a las que llegaron la comisión de investigación del Parlament y la Sindicatura de Cuentas indican todo lo contrario”, dijo Jaume Collboni, portavoz del PSC. Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, denunció el “silencio” de CDC en torno al caso Palau. “A nadie se le escapa que es el partido mejor financiado de España”, recordó Herrera.

A su vez, la portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó, expresó el convencimiento de su formación de que hay “evidencias más que claras de una presunta financiación irregular de CDC”. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, sostuvo que “no puede haber una sospecha” y Alfons López Tena, diputado de SI, reclamó que CDC y el Gobierno catalán hagan públicos todos los datos porque, según dijo, los ciudadanos “merecen un Gobierno que no les engañe”.

El portavoz de la Generalitat y vicesecretario general de CDC, Francesc Homs, salió al paso de las críticas y retó a “probar las sospechas” sobre la vinculación de su partido con el caso Palau.