El Poder Judicial amplía el plan de incentivos por los atascos en el TSJA
Cinco jueces cobrarán un plus de 1.160 euros por sacar el trabajo atrasado
Los incentivos contra los atascos en los asuntos Contencioso-administrativos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han llegado a Sevilla. Desde comienzos de abril, cinco jueces de la Sección Cuarta pueden optar a una gratificación mensual de 1.164 euros si sacan adelante 60 sentencias mensuales de casos retrasados, además de su trabajo habitual. Con esta medida, el Consejo General del Poder Judicial busca aligerar el número de asuntos pendientes que acumula esta sección, que a finales de 2011 rozaba los 3.000 casos, y a los que se han añadido otros 1.406 asuntos en 2012.
Sin embargo, la compensación económica solo llega a los magistrados. El Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) reclama que estos planes de refuerzo se extiendan también a los funcionarios, ya que ellos también tendrán que tramitar estos asuntos sin compensación alguna. En esos juzgados trabajan dos gestores, seis tramitadores y dos auxiliares judiciales. “Sufrimos agresiones continuas que afectan a nuestras condiciones de trabajo”, protesta Enrique Jiménez, delegado de esta formación sindical en Sevilla. “A otros colectivos, como a los jueces, se les da amparo siempre”, añade.
El sindicato ha solicitado ante la Consejería de Justicia de la Junta (Administración encargada de la infraestructura judicial) un plan de servicios extraordinarios que contemple a los funcionarios de Sevilla o que, al menos, se nombre personal de refuerzo mientras dure este programa. Hasta el momento, no han recibido respuesta.
En el alto tribunal andaluz explican que estos planes de refuerzo “limitados” ya se han utilizado con éxito en las salas de lo contencioso administrativo de Granada y Málaga, aunque las condiciones varían en función de cada juzgado. En Málaga, por ejemplo, participan magistrados de la misma sala y de otros órganos jurisdiccionales. En Granada, en marcha desde septiembre de 2011, se ha reforzado con apoyos externos —magistrados suplentes y en comisión de servicio— y se estima que se mantendrá durante dos años.
El objetivo es que los jueces saquen un 50% más de las sentencias que dictaron en 2011
El plan de Sevilla tiene prevista una duración de seis meses, que han comenzado a contar en abril, y en el que no se incluye agosto. El objetivo es que los jueces saquen un 50% más de las sentencias que dictaron en 2011, algo que, calculan, se materializará con un incremento total de 60 sentencias mensuales. La retribución se recibirá una vez que termine el periodo y cuando acredite que los magistrados han conseguido los objetivos.
El Consejo General del Poder Judicial estima que la carga de trabajo razonable para los jueces de lo contencioso administrativo de tribunales superiores es de 325 asuntos por magistrado y año. El número de casos por juez que se tramita en las salas andaluzas es ligeramente superior. En Granada han ingresado en el último año 355 casos por juez (un 9% más de lo establecido), en Málaga, 349 (un 7% más) y en Sevilla, 339 asuntos (un 4% más).
Dos años con la productividad judicial a la baja en Sevilla
Mientras los resultados en las salas Málaga y Granada no hacen más que mejorar, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA de Sevilla lleva dos años con la productividad a la baja. En 2011, el número de casos resueltos por sus 20 magistrados bajó un 6% con respecto al año anterior. Todo, a pesar de que también habían entrado un 2% menos de asuntos.
En su última memoria, el alto tribunal andaluz destaca los buenos resultados que la sala sevillana venía obteniendo hasta 2009. Sin embargo, incide en que el número de asuntos tramitados ha ido bajando en los últimos dos años, de forma que a finales de 2011 tenían 8.377 casos pendientes. “Se debe insistir en la necesidad de mantener el esfuerzo de años anteriores para lograr la mayor eficacia productiva”, aconsejan. Los planes de refuerzo, muy defendidos por el TSJA, van en ese camino. La Sala de Málaga, con 9 magistrados, lleva al menos ocho años con ellos. En Granada, con 12 magistrados, comenzaron en septiembre de 2011. A finales de año lo ampliaron para conseguir resultados “más significativos”.
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