Juicio al cerebro de una trama societaria que ocultaba beneficios inmobiliarios

El fiscal de delitos económicos de Pontevedra acaba de presentar en el juzgado número 3 de Cambados el escrito de acusación y apertura de juicio contra el empresario Roberto Martín, hermano del diputado popular Telmo Martín, al que le imputa tres delitos fiscales, y pide para él seis años de prisión, además de multa e indemnización que suman 678.507 euros con los intereses de demora.

 El ministerio público solicita también para el acusado dos años de inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo, 100 días de privación de libertad en caso del impago de la multa impuesta de 200.000 euros así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas, o beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el período de cuatro años.

Hasta el 2008, el promotor Roberto Martín González, creó seis firmas que declaraban relaciones ficticias entre ellas con el fin de ocultar a las que obtenían beneficios en operaciones inmobiliarias en la provincia de Pontevedra. Utilizando las sociedades limitadas Razamonde, Abbaco Gestión Inmobiliaria Financiera, Gestiones Empresarias de Pontevedra Norte, Redison Imexcom 1991 Unipersonal, Starnberg Business y Desarrollos y Proyectos Socimar, se aparentaron transmisiones de las participaciones en ventas de propiedades para ocultar el dominio que ejercía el acusado sobre este entramado. Las transmisiones fraudulentas se realizaban de las sociedades a individuos de nacionalidad portuguesa que no han podido ser localizados al figurar en los documentos mercantiles con domicilios falsos.

Así, y desde 2007, se aparentaron transmisiones de Abbaco y de Desarrollos y Proyectos Socimar por 10.000 euros a Francisco Vaz Sousa. Luego, desde Gestiones Empresariales y Redison Imexcom se hizo lo mismo a favor de Joao-Paulo Duarte Pereira, por 6.000 euros. Socimar Starnberg Business también pasó a ser administrada por Julio Manuel Magalhaes Da Costa cuando cesa el querellado como administrador.

En la investigación desarrollada por la Agencia Tributaria se constató también la emisión de facturas falsas que no obedecían a operaciones económicas reales para justificar y dar apariencia de realidad a la inexistente actividad empresarial de las sociedades del entramado. No obstante, la acusación no ha podido ir más lejos porque las diligencias judiciales se abrieron exclusivamente por los delitos contra la Hacienda Pública.

La promotora Abbaco, de la que es administrador único Roberto Martín, no presentó declaración del impuesto de sociedades ni realizó ningún ingreso en cuenta. Sin embargo, transmitió a la sociedad Proinvest CB la propiedad de seis fincas situadas en Sanxenxo por un importe de 1.184.000 euros, más una cuota repercutida de IVA de 189.440 euros. Las citadas fincas habían sido adquiridas por la entidad Eso Breográn, SL por 560.000 euros más una cuota de IVA de 89.600 euros. Además, el empresario realizó otras gestiones como intermediario en la venta de un solar por las que facturó a la entidad Sercoysa 7.560 euros.

Por las operaciones inmobiliarias realizadas a través de la sociedad Gestiones Empresariales de Pontevedra Norte, SL, tampoco se declaró ningún impuesto, aunque en julio de 2008, Martín González compró dos parcelas urbanas en A Illa de Arousa a la sociedad Domus Inversión Empresarial, SL por 360.607 euros. Tres meses después, el empresario las vendió a la entidad La Illa CB por 901.000 euros, operación por la que obtuvo un beneficio neto de 540.393 euros.