Cae una red de detectives que compró datos a funcionarios

La policía desarticuló el lunes una red dedicada a la compraventa de datos confidenciales a gran escala en toda España. La investigación se inició hace más de un año y culminó con la detención de 73 personas en 20 provincias. Un juzgado de Barcelona les imputa, según los casos, los delitos de intrusismo profesional, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. La mayoría de los arrestados son detectives e investigadores privados, que sobornaban a funcionarios para obtener datos confidenciales y venderlos a terceros.

En un auto al que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ordena 43 entradas y registros. De forma simultánea, agentes del Cuerpo Nacional de Policía irrumpieron en empresas, domicilios y Administraciones públicas en busca de documentación que corrobore la investigación, que está bajo secreto de sumario.

Los detectives compraban, supuestamente, información de gran interés a funcionarios y empleados que, por razón de su cargo, tenían acceso a ella. A cambio de facilitarles datos con los que cumplir su trabajo, los empleados públicos recibían una compensación económica, según fuentes cercanas a la investigación. Esa información se utilizaba, en ocasiones, para “llevar a cabo chantajes y coacciones”, según detalló ayer el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

La resolución judicial revela que los detectives compraban a los trabajadores datos de todo tipo: económicos, laborales, personales e incluso telefónicos. La policía registró la oficina del catastro de Barcelona, una oficina del Inem en Badalona, la sede de la Hacienda vasca en Bilbao e incluso el despacho de un funcionario de la unidad de análisis de riesgo del aeropuerto de El Prat. En total, el juez ordena registrar los “puestos y medios de trabajo” de siete funcionarios. Entre los arrestados hay, supuestamente, dos agentes de la Guardia Civil, según fuentes cercanas a la investigación, además de agentes de la policía local, abogados y profesionales de gestorías.

Otra fuente de información para los investigadores privados son las empresas de telefonía. Los detectives establecieron contacto con empleados de diversas operadoras para obtener registros de números y de llamadas. Uno de los registros se produjo en la sede de Orange en Madrid; otro, en la sede bilbaína de Vodafone. El resto de los registros de la Operación Pitiusa se realizaron en pisos y empresas de detectives de Cataluña, Madrid, el País Vasco, Galicia, Cantabria y Valencia.

La organización “tenía vocación de expandirse en todo el territorio nacional” y una estructura “muy bien montada en forma de tela de araña”, explicó el ministro en una rueda de prensa junto al director general de la policía, Ignacio Cosidó. El objetivo de los detectives que integraban esa “red de corrupción”, remachó Fernández Díaz, era elaborar “investigaciones personales y empresariales ilícitas y tráfico comercial”.

La investigación sobre esta red de “estructura horizontal”, que permanece abierta, ha sido coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía y por el grupo de detectives de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.