Baltar financió un asilo ilegal para la empresa de uno de sus alcaldes
El edificio, una mole de cuatro plantas levantada en una aldea de 70 vecinos, quedó inacabado
A tres bandas. La Diputación de Ourense pagaba la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde ponía terrenos municipales gratis y la empresa de otro alcalde baltarista se quedaba con el asilo tras finalizar la obra. El negocio parecía redondo, hasta que llegó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) de la Xunta y tumbó el proyecto. La crisis también hizo lo suyo.
En junio de 2001, el pleno del ayuntamiento de Chandrexa de Queixa autorizó a la Fundación Valdegodos —empresa propiedad de un exalcalde baltarista— la construcción de un asilo en una parcela rústica de propiedad municipal en la aldea de Celeiros (70 habitantes). La obra se presupuestó en 1,3 millones, pero sólo se ejecutaron 662.000 euros pagados íntegramente por la Diputación de Ourense a través de una subvención directa de 150.000 euros y de seis anualidades (de entre 84.000 y 88.000 euros) a cargo del Plan Operativo Local del ente provincial.
La obra se presupuestó en 1,3 millones, pero solo se ejecutaron 662.000
La inversión sirvió para construir, en una parcela de 3.371 metros cuadrados, un edificio de cuatro plantas inacabado, ubicado en un paraje natural dominado por un enorme embalse y por las vírgenes montañas del Macizo Central. El dinero para la obra se acabó y la residencia se convirtió en una mole de ladrillo inacabada e ilegal.
En agosto de 2010, la APLU certificó la ilegalidad y ordenó su demolición. La construcción se levanta en suelo rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997, duplica la altura permitida (7 metros) y excede la ocupación máxima del terreno. La APLU también dictaminó que “no se adapta al ambiente en que está situada” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto”. La agencia concluyó que las obras no eran legalizables por lo que instó a “la reposición de la legalidad” tirando el edificio que, una vez finalizado, iba a gestionar la fundación de Manuel Candal, exalcalde baltarista de Vilamartín de Valdeorras fallecido en 2009.
La obra ocupa 3.371 metros cuadrados en una aldea de 70 habitantes
El diputado provincial y alcalde de Chandrexa, Francisco Rodríguez, presentó alegaciones contra la orden de derribo, pero lo hizo sin pruebas, según la agencia. El regidor alegó que la parcela podía considerarse suelo urbano “por estar al lado de una carretera”. Además cambió la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados y en la certificación del Catastro, con 3.371. La agencia se ratificó en lo dicho y añadió más ilegalidades: la obra se levantó sin autorización urbanística de la Xunta, el proyecto no incluía la obligatoria previsión de aparcamientos y nunca se aprobó un expediente de delimitación del suelo. Además, mantenía su principal argumento: la ocupación de suelo rústico. La Ley del Suelo de 1997 establece que en los municipios sin plan de urbanismo solo se podría construir en parcelas de suelo urbano consolidado. Una inspectora llegó a certificar en un informe que en la aldea de Celeiros “no existe malla urbana alguna”.
De objetivo de ETA al del bipartito
Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa, se sentía amenazado por ETA en el año 2002. El regidor, que autorizó el asilo ilegal financiado por Baltar desde la Diputación para luego ceder el negocio al también alcalde baltarista de Vilamartín, convirtió el ayuntamiento en un Gran Hermano, meses después de autorizar la obra.
“Mi nombre apareció en una lista del Comando Coruña incautada en Bilbao” afirma el alcalde. Por eso ordenó plantificar dos cámaras de vídeo en las instalaciones municipales y un monitor de vigilancia en su despacho. Desde allí observaba los movimientos de un funcionario a través de un objetivo colocado sobre su mesa. El otro aparato apunta al rellano de la entrada, en el que se coloca la mesa electoral comicio tras comicio.
El funcionario, que lleva tres décadas en el puesto, denunció el caso tras serle retirado un complemento de productividad. Una resolución de la Agencia de Protección de Datos ordenó retirar el aparato en mayo de 2011. Alberto Vasallo es el funcionario vigilado. Su esposa es Pilar Barrueco, militante socialista y única concejala de la oposición en la corporación municipal de Chandrexa.
Rodríguez, que heredó el puesto de su padre, ha olvidado ya a ETA y se centra en legalizar la mole financiada por Baltar. Ahora asegura que el asilo es ilegal por una inspección azuzada desde la Xunta bipartita. “Durante el bipartito, la APLU hizo una inspección y levantó acta considerando que era ilegal por un acceso, que según ellos, parte la parcela en dos”, aclara. Con el asilo convertido en un esqueleto de hormigón en medio de la montaña, el Ayuntamiento ha presentado ahora un plan especial para intentar regularizar la situación.
La APLU concedió en octubre de 2010 un máximo de tres meses para tirar el edificio. Pero un año y medio después la mole sigue en pie y Chandrexa está pagando multas coercitivas de 1.000 euros por no materializar el derribo. Podían ser sanciones de 700 euros por pronto pago, pero el Ayuntamiento obvió la primera notificación de noviembre de 2011, por lo que el pasado 13 de enero abonó íntegramente la primera sanción.
Íntimo amigo de José Luis Baltar y del regidor de Chandrexa, Manuel Candal, fue durante 36 años el férvido alcalde baltarista de Vilamartín de Valdeorras. También creó la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial que controla asilos en Galicia y Canarias. Falleció en noviembre de 2009. La pasión que sentía por José Luis Baltar era tan mayúscula que plantificó un busto del exbarón en la sede de su empresa. Además, bautizó un puente de la localidad con su nombre. Ignacio Candal, su hijo, controla ahora la fundación creada en 1975. Su hija, María Jesús, le sucedió en el ayuntamiento hasta las pasadas municipales, cuando fue destronada del sillón de la alcaldía por el candidato del PSOE. Ahora ejerce como líder de la oposición. Si el proyecto hubiese llegado a fin, Candal habría añadido a su cartera de negocios el asilo ilegal pagado por la Diputación en unos terrenos controlados por uno de sus diputados.
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