Banco CAM se queda con Ciudad Ros Casares por impago del préstamo

El Banco CAM se ha visto obligado a tragarse otro sapo heredado de la arriesgada estrategia inversora de la cúpula de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) en el ámbito urbanístico. La entidad alicantina, pendiente de la autorización de la Unión Europea (UE) para pasar legalmente a manos del Banco de Sabadell, asumirá el macrocomplejo Ciudad Ros Casares, levantado junto al polígono Vara de Quart, en Valencia, a cambio de la cancelación del préstamo que concedió la antigua caja al grupo, según han confirmado fuentes de CAM tras ser publicado por Las Provincias, que apuntaron a una versión de la fórmula de dación en pago tras la imposibilidad del propietario de devolver el crédito.

La urbanización incluye 14 bloques con 540 lofts, 149 oficinas y otros 4.500 metros cuadrados destinados a locales comerciales y requirió una inversión de 220 millones de euros. La CAM ya tenía el 20% de Ros Casares Espacios, que promovió la obra. El resto era propiedad de la familia Ros por medio de la sociedad Goya 69.

Francisco Ros, consejero delegado del Grupo Ros Casares, ha rechazado este viernes, sin embargo, que los acontecimientos se hubieran producido de ese modo. Ha negado que hubiera habido impago, ni por tanto dación en pago, y ha asegurado que la empresa tiene tesorería suficiente como para hacer frente a sus obligaciones. El empresario, que es consejero de Bankia, ha señalado que existen negociaciones entre socios para buscar soluciones ante la complicada situación del sector inmobiliario, pero que hasta el momento no se ha cerrado ningún acuerdo.

Ciudad Ros Casares fue un proyecto diferenciado en el auge urbanístico que vivió la Comunidad Valenciana la pasada década. Situado dentro del casco urbano de Valencia, aunque en el límite con la V-30, el complejo fue dotado en su construcción con características tecnológicas poco habituales, como el acceso a Internet a 100Mb, en cuya implantación participó la multinacional Cisco Systems. Su inauguración coincidió, sin embargo, con el estallido de la crisis y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, dando al traste con una comercialización que, según la empresa, había empezado a buen ritmo.

Los precios solicitados ya en plena recesión para comprar o alquilar las oficinas y los lofts (una vecina aseguraba ayer que paga mil euros al mes por el arrendamiento), acabaron de congelar las ventas. El complejo aparecía hoy viernes bastante vacío, con una ocupación de los lofts que según los residentes consultados no superan los 60 de los 540 construidos, y con carteles colgados en numerosas ventanas anunciando la venta de los pisos, en algún caso con oferta. La mayor parte de la actividad se concentraba en el edificio de la sede del Grupo Ros Casares. Su consejero delegado ha afirmado que, pese al contexto de crisis, el complejo protagonizó el año pasado la mayor venta inmobiliaria de la ciudad, con la compra por Cruz Roja de 4.500 metros cuadrados.

El Banco CAM asume la nueva remesa de viviendas con el objetivo de minimizar los daños. La entidad aplicará a partir de ahora una nueva política de precios en la venta de las casas con precios ajustados a la actual demanda e introduciendo fórmulas como el alquiler con opción a compra.

El fallido proyecto de Ciudad Ros Casares de Valencia se suma a una larga serie de programas urbanísticos en los que se embarcó la CAM en la época del boom de la construcción sin la mínima previsión del riesgo, a través de su filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). El cénit de esta improvisada aventura inmobiliaria fue el frustrado macroproyecto urbanístico del grupo murciano Polaris World. La quiebra del grupo acarreó que la caja alicantina, junto con Bancaja, incluida su filial del Banco de Valencia y el Banco Popular tuvieran que asumir 1.170 millones de activos (suelo y viviendas) por el impago de los préstamos otorgados a la promotora.

El modelo de negocio de Polaris consistía en la adquisición masiva de suelo rústico para construir segundas residencias. La CAM financió el proyecto con un préstamo de nueve millones de euros. Parte de la financiación de las cajas a la promotora murciana se realizaba mediante préstamos personales a los socios, bajo el concepto genérico de “necesidades de liquidez del grupo”.

La magnitud del apetito sin límites de los anteriores gestores de la caja por el ladrillo lo ofreció esta semana José Antonio Iturriaga, administrador provisional del FROB en la entidad, al revelar que de los 53.000 millones en créditos concedidos por la CAM, 52.000 millones fueron a parar al sector inmobiliario.